CORRUPCIÓN: «TODO LO POSIBLE» Y MÁS

Una sociedad democrática necesita liderazgos visibles y con discursos que generen compromisos. El derrotismo de las palabras de Cospedal no ayuda a recuperar la confianza de los ciudadanos

LAS declaraciones de María Dolores de Cospedal el pasado lunes han desatado una polémica dentro y fuera de su partido sobre lo que el PP ha de hacer para combatir la corrupción. La secretaria general popular aseguró que «hemos hecho todo lo posible contra la corrupción», intentando explicar las decisiones de su partido contra los implicados en la operación Púnica con un enfoque legalista incomprensible para la mayoría de los ciudadanos. Es evidente que Cospedal se refería a que las decisiones sobre las responsabilidades de los imputados en ese y otros casos que afectan al PP corresponden a los jueces. Y también es cierto que aquellas declaraciones incluyeron en otro momento la frase «siempre se puede hacer más». Pero no basta.

Nuevamente, el partido en el Gobierno parece olvidarse de la política y acaba transmitiendo a la opinión pública un mensaje de resignación y abatimiento, sin margen para la innovación de ideas e iniciativas. Los populares no pueden ni deben trasmitir a los ciudadanos que ya no puede hacer más contra sus corruptos, porque es certificar su rendición ante el principal problema que hoy moviliza a la sociedad española. El mismo mal del formalismo leguleyo afecta a algunos de los mensajes del Gobierno cuando remite sus respuestas a futuras leyes, que llegarán tarde, si bien siempre serán bienvenidas si atacan de verdad las fuentes de la corrupción. Aunque lo cierto es que no parece que esto vaya a suceder mientras no se admita que la lucha contra la corrupción exige reformas de Estado y del sistema de partidos.

También es cierto que la corrupción no es una epidemia estancada en el recinto de la clase política, sino que es muy permeable a otros sectores. Los empresarios del Consejo de Competitividad se han quejado por las prácticas corruptas de los políticos, pero es necesario que traten desde sus propios estructuras asociativas y representativas la participación esencial de los empresarios que corrompen o son corrompidos.

La sociedad, por su parte, puede añadir nuevos esfuerzos para aumentar su nivel de exigencia ética a los políticos. La economía sumergida es un catalizador de corrupciones en los derechos de los trabajadores y en las responsabilidades fiscales que incumben a todos. Dar de alta a un trabajador y pagar los impuestos, por ejemplo, son condiciones previas para que funcione el circuito cerrado de responsabilidades cívicas entre ciudadanos, empresarios y políticos. La ética pública no admite zonas exentas. Pero una sociedad democrática necesita liderazgos visibles y con discursos que generen compromisos. El derrotismo no ayuda a recuperar la confianza.