Contra la «impunidad» de «banqueros y poderosos»
El tribunal argumenta la necesidad de evitar la «desmoralización» que supone para la sociedad que las personas de «de relevancia pública» se libren de la cárcel
La resolución emitida ayer por el tribunal que sobre sí tiene una de las decisiones más mediáticas de los últimos tiempos en España recorre buena parte de las preocupaciones que hoy en día atenazan a la opinión pública española.
Los jueces que han mostrado a Isabel Pantoja el camino de la prisión aseguran que el cumplimiento de la pena de cárcel a la que fue condenada la tonadillera es medida «ejemplar», que no «ejemplarizante». Pero además realizan en uno de los párrafos una contundente afirmación en torno al papel de las personas «poderosas» o de fama pública, a su responsabilidad social y a la responsabilidad de quienes los enjuician.
Así, en la página 13 del auto que menos podía desear Isabel Pantoja afirman que el cumplimiento de la condena de cárcel, la medida más dura del ordenamiento jurídico, persigue en definitiva establecer un «patrón de conducta que todos debemos seguir» en cuanto al cumplimiento de las normas.
Los magistrados dan un tirón de orejas a los colectivos que como banqueros, políticos, personas poderosas o de relevancia pública —como en el caso de Pantoja— deben mantener una conducta ejemplar ante los ciudadanos ante caos de corrupción.
En el auto se argumenta que de haber accedido a la suspensión de la prisión en el caso de Pantoja y de Benjamín Fernando Cantero, director de una oficina bancaria condenado a un año y medio, se habría producido «en la práctica una cuasi impunidad material» para estos colectivos.
Sobre los trabajadores de la banca el auto incide en que a ellos «se les impone una mayor exigencia de cautela» a la hora de prevenir el afloramiento de dinero delictivo, aunque en el caso de Cantero se admite que no consta cuáles fueron sus ganancias, lo que no le exime de responsabilidad penal.
Multa en cómodos plazos
En un día terriblemente aciago para sus intereses, al menos la cantante sevillana recibió una buena noticia del tribunal: tendrá dos años de plazo para pagar la multa que aún no ha abonado, en plazos trimestrales de 210.000 euros, tal y como había solicitado. El montante total fijado por la Audiencia en función del dinero blanqueado ascendía a 1.147.148,96 euros, de los que sólo se han abonado 100.000 euros.
Los problemas para reunir el dinero a tiempo y el embargo que pesa sobre dos propiedades de la tonadillera por valor de 3,68 millones llevaron a sus abogados a solicitar el pago a plazos de dicha cantidad.
Como paso previo, la Fiscalía de Málaga consideró que esta posibilidad estaba justificada ante la existencia de un posible comprador para una de las propiedades de la cantante, en Alcobendas.
