El Consistorio asume el servicio de dependencia doce meses más

El Ayuntamiento de Córdoba seguirá prestando, al menos, doce meses más el servicio de dependencia que tiene delegado de la Junta de Andalucía al haber dejado pasar el plazo para la denuncia del convenio por los continuos impagos que se producen en las transferencias que son necesarias para pagar a la empresa que desarrolla esta actividad por cuenta de los poderes públicos. Fue el alcalde, José Antonio Nieto, y el teniente de alcalde de Hacienda, José María Bellido, quienes dijeron hace apenas un año que hasta ahí había llegado el Ayuntamiento en una posición que, dijeron, era «pánfila». Legalmente, el acuerdo se ha prorrogado de forma automática como consecuencia de que el Consistorio ha decidido dejar pasar el plazo que tenía para vetar el acuerdo.

El asunto ha evitado una polémica enorme a pesar de que el gobierno municipal estaba dispuesto a tomar una medida traumática que, por ejemplo en el Ayuntamiento de Jaén, ha acabado en los tribunales. El Consistorio reconoce que no ha querido dar ese paso aunque sostiene que la Junta mantiene los mismos incumplimientos que generaron la polémica.

En concreto, de lo que se queja el gobierno municipal es que, durante lo que va de año, los presupuestos locales han adelantado 2,6 millones de euros (el convenio comporta unos cuatro millones al año= a la espera de que la Junta de Andalucía pague, que nunca lo hace a tiempo, según aseguran los responsables municipales. Lo que hace el Consistorio es mandar las facturas de Clece, la empresa que lleva a cabo los servicios con los dependientes, directamente a las líneas de confirming que tiene abiertas en varias entidades financieras. El confirming, como los empresarios recordarán, es un sistema por el cual el banco adelanta el pago a cuenta de un ingreso futuro y con unos intereses financieros. Desde que se produjo las restricciones al crédito de la banca, se trata de productos escasos para las pequeñas y medianas empresas.

En el PP reconocen, sin embargo, que algo sí ha cambiado. Desde que se produjo el toque de atención, la Junta, al menos, reconoce que tiene que pagar. Cuando se produjeron las declaraciones críticas, el gran enfado del gobierno municipal derivaba de que la Administración autonómica ni siquiera emitía las resoluciones en las que se comprometía a realizar el ingreso en un futuro aunque, posteriormente, la entrega efectiva del dinero tardara en llevarse a efecto más de la cuenta. Ahora, dicen los ediles de Servicios Sociales y Hacienda, María Jesús Botella y José María Bellido, esos documentos tardan pero se reciben.

Los impagos o el retraso en las liquidaciones a los servicios de atención a dependientes han generado un verdadero problema, sobre todo, entre los ayuntamientos pequeños, los que tienen menos músculo y respaldo financiero. En la provincia de Córdoba, la Diputación ha tenido que adelantar dinero continuamente para que los trabajadores puedan cobrar.