Alaya eleva el listón del «caso ERE» hasta los 229 imputados

La titular del juzgado de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dado un nuevo paso en la instrucción del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía. A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la responsabilidad los nueve políticos aforados —entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán—, un nuevo auto que se conoció ayer supone la imputación de seis personas relacionadas con los servicios municipales de limpieza de Granada, lo que eleva a 229 el número de imputados.

Los nuevos imputados, a los que la juez ha citado a declarar para los días 1 y 2 de diciembre, son Dimas Rodríguez, director general de la Caja Rural de Granada en el año 2007; Rafaela Ruiz, directora de inversiones de Caja Rural de Granada; José Miguel Martos, director de la oficina principal de la Caja Rural de Granada; Rosario González Agulló, trabajadora de Vitalia —la aseguradora de los ERE presuntamente irregulares—; Agustín García Gila, presidente de FCC Medio Ambiente; y Salvador Tudela, director de recursos humanos de la empresa Cespa.

En el escrito, firmado por la juez el pasado día 30 de octubre, Alaya justifica la imputación del presidente de FCC Medio Ambiente y directivos de la Caja Rural de Granada porque considera que «serían partícipes en las negociaciones que como consecuencia del conflicto colectivo en el ámbito de la limpieza de Granada culminaron con el convenio colectivo para la provincia de Granada en abril de 2006 que llevo el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello» para la suscripción de una póliza cuyos beneficiarios eran Cespa y FCC con una renta total a percibir por estas empresas de 452.000 euros cada una de ellas. En este sentido, la instructora relata que el 29 de diciembre de 2006, Personal Life emitió una serie de pólizas de capital diferido y rentas de supervivencia en las que la tomadora era la Dirección General de Trabajo y en las que figuraban tres certificados individuales, en los cuales se designaba como beneficiarias a Cespa y FCC.

Según Alaya, los imputados eran conocedores «de que todo ello se había llevado a cabo sin procedimiento alguno, sin que FCC Medio Ambiente solicitara ninguna subvención, como tampoco lo había hecho Cespa». Alaya argumenta que, como ninguna de las empresas tenía capacidad suficiente para asumir esas subidas, la Junta de Andalucía asumió obligaciones que serían de las empresas, conociendo todos ellos que tal actuación constituía una mera liberalidad, financiada con fondos públicos». La juez insiste en que la carencia de procedimiento llegó hasta tal punto que la prima de las pólizas, con un coste de 1,4 millones de euros, fue abonada mediante el sistema de pagos cruzados.