Prohibido el cante

EL Consejo Social de Córdoba, unos señores que representan a los agentes económicos y vecinales de la ciudad, le han dicho al gobierno municipal lo obvio. Que multar a quien rebusca en los contenedores de basura es, aparte de otras cuestiones, una ordinariez y que, si se quiere, puede sustituir este tipo de sanciones por trabajos en beneficio de la comunidad. Porque, visto de forma fría, multar a quien busca comida o cartones en un contenedor para la mera subsistencia es un disparate total y absoluto.

La llamada ordenanza de higiene pública ha llamado mucho la atención por sus cuantías y por sus conceptos. Según los nuevos cánones de los procedimientos administrativos, una falta leve puede llegar a los 900 euros por un hecho punible como el mencionado. El Consistorio ha optado por dejar la modulación al funcionario que lleve a cabo el expediente. Y asegura, con toda la razón del mundo, que en la ordenanza actual, que data de los tiempos de maricastaña, manipular el contenido de un contenedor ya es una conducta prohibida y que puede ser multada por un agente de la Policía Local.

Pongamos las cosas en un estado lógico: sancionar a quien tiene problemas de mera subsistencia, de alimentación básica, está mal. Y deben existir métodos que se puedan defender para garantizar la seguridad del contenido de los contenedores si lo que se quiere es preservar unas razones sanitarias comprensibles y lógicas para estas personas.

La cuestión, sin embargo, es la siguiente. ¿Por qué se va a aprobar y por qué estará vigente una norma que nunca se va a aplicar? Desconozco el dato concreto, pero me atrevo a aventurar que multas por rebuscar en la basura se han puesto entre cero y ninguna en los últimos años. No he conocido aún a alguien que sea lo suficientementemente mala persona, que tenga las tripas tan negras, como para denunciar o multar a un ciudadano que busca entre los restos de un supermercado o que saca los cartones de un depósito para buscarse unos euros. Lo lógico es que esas situaciones se deriven hacia los servicios sociales o a las entidades asistenciales que trabajan con los sectores más desfavorecidos. Porque eso sí que es lo correcto. ¿Para qué narices mantener y potenciar una prohibición tan inútil, tan irracional y tan poco moral?

Pues sencillamente porque a los españoles nos chiflan las leyes, los decretos, las regulaciones. Estamos encantados, tranquilos de la vida, sabiendo que algo está prohibido para posteriormente nunca reclamar su cumplimiento en esa relación tan particular con el Estado que aquí se tiene. Y se dejan pasar situaciones como ésta que más que negativas o perniciosas, en el futuro no servirán para nada. Porque quien necesite perentoriamente algo de un contenedor, lo va a coger y punto.

Repasando, esta semana hemos caído en el periódico que jugar a la pelota en la vía pública está penado con 80 euros de multa. En el Ayuntamiento aseguran que no es problema suyo, que es el código de la circulación. Pero la realidad es que da igual. Es una tontería de las muchas —probablemente, la norma más estúpida de cuantas conozco— que se aprueban y que perduran porque nadie pide un poco de mesura en estas cosas. Eso que podría evitar que sea hecho sancionable llevar patines o monopatines en una vía pública o dejar atada la bici un momento a la reja de una casa moleste o no, se tenga permiso del dueño o todo lo contrario.

Artículos, normas, bandos que son como aquellos viejos carteles donde se prohibía el cante entre los parroquianos de las tabernas. O los que impelían a no escupir en el suelo para evitar el contagio de la tuberculosis. Meros adornos inútiles.