CORRUPCIÓN O DEMOCRACIA
La democracia es un gobierno de mayorías y un sistema de valores. La corrupción descabeza la democracia de referencias éticas y lanza a los ciudadanos a alternativas destructivas
LA corrupción pública es una de las principales causas del desprestigio del sistema democrático ante los ciudadanos. La vinculación entre partidos políticos y corrupción conduce a la opinión pública a estas peligrosas asociaciones de ideas, que fermentan y propician la aparición de grupos populistas y demagógicos. La solución que aplican los grandes partidos es una reacción de cálculo electoral: negar la gravedad de la corrupción o ponerse al frente de la manifestación. Nada de esto sirve ya para convencer a una sociedad que hace tiempo derogó la intangibilidad de los partidos políticos como motores del cambio democrático. El tiempo actual es el de las responsabilidades urgentes, y los ciudadanos empiezan a no temer ciertas crisis en el sistema político, como la que puso fin en Italia al duopolio de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. PP y PSOE hacen bien en alertar a los ciudadanos de los riesgos que supone votar a grupos extremistas, pero por simple intuición deben asumir que muchos de esos ciudadanos precisamente quieren poner en riesgo un estatus quo que consideran corrupto y acabado. A la sociedad no se le puede pedir que confíe a ciegas en los mismos partidos de los que brota la corrupción. Menos aún cuando la crisis económica se está combatiendo con una presión fiscal sin precedentes sobre las clases medias –cada día menos medias–, que no encuentran retorno político en un plan integral contra el desfalco y la malversación del dinero de todos. La democracia es un gobierno de mayorías y un sistema de valores, como la honradez personal y la autoridad moral de sus dirigentes. La corrupción descabeza la democracia de referencias éticas y lanza a los ciudadanos a alternativas destructivas.
La legislatura enfila su recta final, apenas un año. Con mayorías absolutas en el Congreso y el Senado y con el PSOE declarado en rebeldía para cualquier pacto con el Gobierno, Rajoy debe impulsar sin temor alguno ese plan de choque contra la corrupción. Hay mucho que hacer. No es admisible que la organización administrativa del Estado sea un laberinto de fugas de dinero público, formado por miles de ayuntamientos y decenas de diputaciones sin control vertical en sus contrataciones y gastos; capítulo aparte merecen las comunidades autónomas. No es admisible que el Estado no pueda legislar eficazmente en materia urbanística y que esta fuente de riqueza sea en muchos sitios un vivero de corruptos. No es de recibo que los partidos políticos carezcan de filtros más exigentes para seleccionar a sus cargos. No es eficaz que los procesos judiciales por corrupción no se dividan en causas reducidas y se conviertan en macroprocesos que acaban encallados y hundidos por su volumen. La lucha contra la corrupción es, en gran medida, una reforma de Estado.
