El Consejo Social pide que no se multe por rebuscar en la basura

Al Consejo Social de Córdoba —órgano consultivo formado por movimiento vecinal, sindicatos, la patronal CECO o la UCO— le gustaría limpiar la futura Ordenanza de Higiene Urbana de uno de sus puntos más polémicos: el aumento sustancial de las multas por rebuscar en la basura. Así lo ha reflejado en su informe sobre esta norma municipal, que afronta la recta final de su proceso de aprobación. En el documento, que le fue comunicado ayer al equipo de gobierno, se hace eco de los notables cambios que prevé la ordenanza para sancionar a quienes hurguen en los contenedores.

Ahora, ese comportamiento está sancionado con entre seis y 90 euros —aunque son de esas cuestiones que se ponen en un papel oficial pero que rara vez se castigan en la práctica—. Con la nueva norma municipal, el castigo al bolsillo irá de un euro a 900. Será el funcionario que instruya el procedimiento el responsable de la graduación en función de la gravedad de los hechos recogidos en la denuncia.

El Consejo Social rechaza frontalmente esta medida, aunque reconoce que la manipulación de los contenedores «entra dentro de lo punible». En esa línea, llama a que se «comprenda» que en una época de crisis rebuscar en la basura «no debe tener sanción pecuniaria». Alega el órgano consultivo que ese tipo de prácticas se ha transformado ya «en una forma de subsistencia». Considera que muchas de las personas que hurgan en los contenedores buscando comida o ropa tienen un «verdadero estado de necesidad».

Y sugiere una medida alternativa a la multa. A su juicio, éstas se deben sustituir por la posibilidad de que los sancionados «presten servicios a la comunidad como manera de corregir el daño causado».

El informe sobre esta ordenanza incluye, entre otros aspectos, un par de reproches generales a la política del Ayuntamiento en materia de limpieza de la ciudad, que desarrolla a través de la empresas municipal Sadeco. Así, por un lado, el Consejo Social denuncia que «en muchas zonas de la ciudad faltan papeleras y/o ceniceros que ayuden a los ciudadanos a mantener en buen estado» las calles y a cumplir la futura ordenanza. Igualmente, lamenta que desde hace años no se hagan campañas de concienciación y prevención con la ciudadanía.

Por su parte, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer el proyecto de ordenanza de alcantarillado y vertidos. Las infracciones muy graves supondrán multa de hasta 3.000 euros; las graves, de hasta 1.500; y las leves, de hasta 750. Entre las conductas que se incluyen en esta última tipología está una que apunta a prácticas en parcelaciones ilegales: la construcción de acometidas a la red de alcantarillado o modificar las mismas sin permiso municipal, causando daños por menos de 3.000 euros.