El PSOE ve «un escándalo» la inmatriculación de la Catedral
Los socialistas, que no cambiaron la ley cuando gobernó Zapatero, sí arropan a la plataforma
El PSOE asumió ayer los postulados de la Plataforma Mezquita-Catedral, que reivindica la titularidad pública del templo después de una reunión mantenida por esta entidad y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Tras el encuentro, el PSOE concluyó que «la apropiación masiva de bienes de patrimonio histórico y cultural y bienes públicos que ha realizado la Iglesia Católica, gracias a la reforma de 1998 del Gobierno de Aznar de la Ley Hipotecaria, es el mayor escándalo inmobiliario de la historia de la democracia». En las apreciaciones del PSOE no aparece reflexión alguna acerca de que las dos legislaturas en las que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno, posteriores a ese cambio normativo, los socialistas no impulsaron reforma alguna para enmendar la ley que ahora les parece un agravio.
«Diferentes alternativas»
Esta toma de posición del PSOE se produjo después de que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, y sus portavoces de Economía y Justicia, Juan Moscoso del Prado y Rosa Aguilar, se hayan reunido con las Plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro y Mezquita-Catedral de Córdoba, con el objetivo de estudiar conjuntamente cuál es la estrategia más adecuada para lograr la reversión de todos «los bienes inmatriculados ilegítimamente por la Iglesia Católica en toda España».
El PSOE explicó que en los encuentros se han valorado las «diferentes alternativas que existen para lograr ese objetivo, que compartimos plenamente» y que se ha acordado con las plataformas «coordinar las actuaciones políticas y jurídicas que sean necesarias para lograr su reversión». En cualquier caso, el PSOE no detalló si entre esas actuaciones jurídicas está recurrir ante el Tribunal Constitucional la inmatriculación de los bienes, algo que demandan las plataformas y que requeriría la firma de, al menos, 50 diputados.
Al respecto, Moscoso del Prado mantuvo que la inmatriculación ha sido posible «gracias a la reforma legal introducida por el Gobierno de Aznar en el 1998, que permitió a la Iglesia Católica, desde el mayor de los secretismos», inmatricular bienes «hasta que la dimensión de lo apropiado saltó a la opinión pública, de nuevo con un gobierno del PP, que sigue avalando este escándalo». Así, concluyó advirtiendo de que el Gobierno de Rajoy «está dispuesto a amnistiarlo para siempre, negándose incluso a que se conozca el inventario de todos los bienes apropiados por esta vía inconstitucional y sustentada en una ley franquista».
Por su parte, el coordinador general de IU, Cayo Lara, anunció ayer que su partido «quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional la potestad que tiene la Iglesia Católica para poner a su nombre bienes públicos, una capacidad que le otorga el artículo 206 de la vieja pero aún vigente ley hipotecaria de 1946 y el decreto de 1998, y que para ello está recabando el apoyo de diputados de otros grupos políticos».
También tras reunirse con las plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro y Mezquita-Catedral de Córdoba, Lara explicó que «se están recogiendo firmas de otros parlamentarios (la legislación establece que se necesitan al menos 50) para presentar ese recurso de inconstitucionalidad y que haya un dictamen para que se devuelva al pueblo lo que es del pueblo».
Lara considera que desde 1998 la Iglesia Católica ha hecho un «expolio» de miles de bienes que son patrimonio del Estado constituyendo el «mayor pelotazo inmobiliario, cuando menos, en la historia de la democracia» y de ahí que haya manifestado su apoyo a las dos plataformas y prevea plantear un recurso de inconstitucionalidad.
Por su parte, el portavoz de la plataforma cordobesa, Miguel Santiago, pidió a los partidos que reaccionen «porque si no, el pueblo se queda sin patrimonio» y recordó que no se trata de cuestionar el uso «sino la propiedad, que es del pueblo». Santiago dijo que esta situación es «inconcebible en Europa», «donde se echarían las manos a la cabeza con que la Iglesia se quede con el patrimonio del país» y ha lamentado que el PP «no quiera entrar en el debate» y siga «la estrategia de que lo mejor es que la iglesia se quede con los bienes».
Al hilo de esto, Santiago puntualizó que el resto de los partidos «deben reaccionar y dar una respuesta» porque «todos ven que es inconstitucional». «Deben defender los bienes y a los ciudadanos, no se puede permitir que el Estado Vaticano se quede con el patrimonio de todos los españoles y que miles y miles de catedrales, parroquias, capillas, plazas o espacios públicos se las quede la Iglesia», concluyó.
