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La Fiscalía pide el desalojo del colegio Rey Heredia y multas para diez «okupas»
Los ocupantes del edificio deberán abonar de forma solidaria los 237 euros al Ayuntamiento por los gastos de luz y agua
La Fiscalía Provincial de Córdoba ha solicitado que en sentencia se ordene el desalojo del antiguo colegio Rey Heredia de la capital, ocupado hace más de un año por la «Acampada Dignidad», al tiempo que pide multas de 720 euros por un delito de usurpación a cada uno de los diez acusados por la ocupación del edificio, con pena privativa de libertad subsidiaria por impago.
La calificación provisional de los hechos que ha presentado el Ministerio Público una vez que el Ayuntamiento decidiera derivar el caso a la vía penal recoge además el pago por parte de los acusados de los 237,56 euros de gastos de luz y agua generados durante la ocupación. En los próximos días, será la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Córdoba quien deberá elevar al Juzgado su escrito y alegaciones, al igual que la defensa de los acusados, paso previo al señalamiento del juicio.
El Ministerio Fiscal recoge que sobre las 21,15 horas del 4 de octubre de 2013, «tras celebrarse una manifestación que iba a finalizar con una acampada simbólica en la plaza de Andalucía», un grupo de ocho personas «obrando de acuerdo y en acción conjunta decidieron entrar sin consentimiento de los titulares del edificio» en las dependencias del antiguo colegio Rey Heredia.
El fiscal matiza que el edificio había pertenecido a la Junta de Andalucía como centro educativo hasta enero de 2012 y que en el momento de la ocupación no tenía uso. En el escrito también se detalla que el Ayuntamiento, titular del inmueble, pidió la desafectación del uso "en dos ocasiones", el 21 de junio de 2012 y el 14 de noviembre de 2013, tras la irrupción de Acampada Dignidad.
Reunión crucial
Según el relato del fiscal, al que ha tenido acceso ABC, los acusados «decidieron la misma noche del 4 de octubre en una reunión permanecer en el edificio» y, durante este encuentro, se unieron dos participantes más «de forma activa» a los ocho iniciales por lo que el número de acusados se eleva a diez.
Este grupo, según apunta la Fiscalía, acordó «ocupar el inmueble sin consentimiento de ninguna institución administrativa y destinarlo a fines de interés social», manteniéndose así hasta la fecha.
El Ministerio Público considera que estos hechos son constitutivos de un delito de usurpación por el que solicita el pago de multas y su desalojo.
Cabe recordar que el Consistorio decidió a principios de julio llevar a los ocupantes del Rey Heredia por la vía penal y lo argumentó por la «defensa de los intereses generales». El gobierno municipalha negociado con el Consejo de Distrito Sur la cesión del inmueble, pero pide como requisito previo el desalojo del centro, algo a lo que se opone la«Acampada Dignidad».
