UNA RAYA EN EL AGUA

ROBAGALLINAS

IGNACIO CAMACHO

Cuando la demagogia populista alcanza al presidente del Supremo nos espera una justicia a espasmos oportunistas

TAL vez la última persona de la que cabía esperar un discurso de demagogia podemista era el presidente del Tribunal Supremo. Con su populista declaración sobre el embudo social de las leyes –estrecho para los «robagallinas», ancho para los poderosos– ha recordado aquella frase tan rotunda de Valle de que en España se puede robar un monte pero no un pan. Pero los jueces no deben hacer literatura. Ya tienen bastantes dificultades para practicar la justicia. Entre otras cosas porque su órgano de gobierno, el Consejo del Poder Judicial, está mangoneado hasta el pasteleo por los partidos políticos, principales beneficiarios cuando no autores de la corrupción que tanto preocupa al ciudadano Lesmes. Y lo preside, qué casualidad, él mismo.

En «La hoguera de las vanidades» Tom Wolfe satirizaba a un ambicioso fiscal del Bronx que, harto de perseguir a rutinarios delincuentes hispanos y negros, intentaba procurarse la reelección encontrando una rutilante víctima propiciatoria entre la élite dirigente neoyorquina. Esa búsqueda del «Gran Acusado Blanco» –aquí sería más bien de cuello blanco porque el único conflicto que aún no tenemos es el racial– parece latir bajo el explícito pronunciamiento del jefe de los ropones, como si con el maniqueísmo a favor de corriente quisiera hacerse perdonar su nombramiento por cooptación partidista. Si es por sospechosos ilustres no se va a poder quejar en este tiempo de desplome de un régimen; pero no son garantías lo que sobran ni leyes lo que faltan, sino medios para agilizar esos procesos en que los magistrados naufragan, a menudo braceando contra el propio CGPJ, para concluir los complejos sumarios contra la delincuencia institucional y financiera.

Es imposible no atisbar el espíritu de una cierta justicia para tricoteuses detrás de condenas como la de Pedro Pacheco. El arrogante y fullero exalcalde de Jerez habrá sin duda cometido abusos manifiestos durante su largo mandato, pero los cinco años de prisión que le han endilgado por contratar irregularmente a dos compañeros de partido atufan a oportunismo justiciero y suscitan palmarias dudas comparativas. Con ese estricto paradigma, reforzado con una aparatosa detención, deberían estar en la cárcel casi todos los munícipes españoles y gran parte de los próceres autonómicos, que han sembrado la Administración de enchufados a millares por criterios de confianza. Fue precisamente el Supremo el que endureció la sentencia de Pacheco en una clara aplicación de la improvisada doctrina de su presidente. Justicia a espasmos; veremos si a Blesa, los Pujol, Bárcenas y otros procesados sensibles les caen penas proporcionales a este palmario escarmiento. La primera prueba de contraste la va a tener el Alto Tribunal en el sumario de los ERE que la jueza Alaya ha puesto en sus manos. Griñán y Chaves no son robagallinas: una buena oportunidad para retratarse.

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