La Gerencia de Urbanismo recupera la Parcela del Canal
El consejo rector rechaza todos los recursos sobre la gasolinera de Fidiana
El Ayuntamiento de Córdoba vuelve a ser el propietario de la Parcela del Canal, el gran solar de la avenida del Brillante que se entregó en concesión hace siete años a una UTE formada por tres empresas (Jícar, Gea 21 y Construcciones Vera) para la creación de un centro comercial y deportivo de última generación. Las partes han decidido llegar a un acuerdo. El Consistorio se queda con la parcela y las empresas no ponen problemas si Urbanismo no se queda con el dinero que se puso como garantía para avalar el proyecto.
El informe técnico deja abierta esta situación a lo que decidan los políticos del consejo rector, donde el PP tiene mayoría absoluta. Los informes realizan una prolija descripción de todo el recorrido del proyecto. Aseguran que la financiación falló prácticamente desde el primer momento ya que las entidades financieras, con la crisis encima, no quisieron colaborar. Dos de las empresas de la UTE están en concurso de acreedores, el proyecto arqueológico obligó a modificar la gestión y surgieron nuevos centros deportivos en la ciudad que estrecharon el mercado de captación de socios. Se pierde un proyecto de 36 millones de euros que iba a servir para desdoblar la avenida de la Arruzafilla.
Por su parte, el consejo rector de ayer rechazó en bloque todos los recursos presentados contra la instalación de una gasolinera junto al centro comercial Carrefour en el barrio de Fidiana. Urbanismo ha realizado largos informes técnicos para rechazar, uno a uno, todos los elementos que sostienen las protestas contra la creación de la estación de servicio.
Los argumentos de los servicios municipales es que todo se ha realizado conforme a la legislación, modificada recientemente para incentivar la creación de estaciones de servicio en grandes superficies. Asegura que se han respetado las normas ambientales y las alineaciones y rasantes. Las entidades y partidos que protestan contra el proyecto afirman que la estación de servicio afecta al patrimonio público y contraviene las ordenanzas.
