El alcalde de Estepona lanza undecálogo para regenerar los municipios

«A veces pienso que la Administración está diseñada para que no funcione». Quien así se expresa es el alcalde de la localidad malagueña de Estepona (67.000 habitantes), el popular José María García Urbano. No es un político al uso. Antes que alcalde, es notario, registrador de la propiedad y abogado del Estado. Entró de lleno en la política hace ahora cuatro años. Y sigue habiendo quien no se explica por qué.

En 2011, obtuvo para el PP la mayoría absoluta en un municipio marcado por los desmanes del Grupo Independiente Liberal (GIL) y la corrupción de sus predecesores del PSOE –aún está por juzgarse el «caso Astapa»–. Pero ha aireado su Ayuntamiento, que, entre otros «regalos», tenía deudas en torno a 300 millones –hasta un préstamo formalizado en 1942 estaba sin pagar– y unos gastos fijos inasumibles. El de personal, con cientos de «enchufados» de la etapa anterior, subía al 110% del presupuesto.

Asumió uno de los primeros ERE municipales de toda España, al fracasar las negociaciones con los sindicatos para una bajada lineal de salarios. Y emprendió una senda de austeridad como en pocos lugares. En Estepona no hay coches oficiales y ningún concejal ni trabajador municipal, salvando servicios de emergencias, tiene teléfono móvil pagado por el erario.

La situación se ha revertido. García Urbano se presentará a la reelección en 2015 con la firme voluntad de permanecer como alcalde sólo ocho años. Pero sigue sufriendo las ineficiencias de la Administración, de cuyo modelo «anacrónico» advierte que «es uno de los grandes lastres de competitividad y sólo sirve para alargar la crisis». Contra esta rémora, ha propuesto en una ponencia un decálogo de medidas de racionalización del funcionamiento de los Ayuntamientos «para evitar el colapso». Diez medidas que han revolucionado a su propio partido.

La mayoría de ellas atienden a la necesidad de dotar de mayor agilidad decisoria a los Ayuntamientos. García Urbano está convencido de que el desempleo en su municipio se erradicaría «de un plumazo» sólo con poner en marcha proyectos urbanísticos parados por otras administraciones, especialmente la Junta de Andalucía. Por eso quiere que el sistema de aprobaciones de los municipios sea ejecutivo. Esto es, prescindir de los preceptivos permisos de las comunidades, que sólo auditarían que se cumple la normativa. Al igual, pretende dotar de autonomía a los propios profesionales –arquitectos, aparejadores– para que inicien de inmediato sus proyectos bajo su responsabilidad.

Para combatir la desafección ciudadana contra los gestores públicos y evitar la corrupción, postula medidas de transparencia plena, como publicar el personal o los contratos de las Administraciones. E instaurar una responsabilidad patrimonial personal de los cargos que, aun sin quebrantar la ley, ocasionen daño patrimonial a la Administración. «Aquí no se obliga a venir a nadie, pero el que venga que sepa las consecuencias», concluye.