hay varios cargos Imputados
Medio Ambiente emitió dos certificados contradictorios sobre la finca
El primero, de 2006, niega que se pidiera permiso para la malla; el posterior, que data de 2012, asevera que sí
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba que investiga la denuncia de la mercantil Dehesa Pilmar contra varios cargos de la Delegación cordobesa de Medio Ambiente por la presunta comisión de delitos de falsedad y prevaricación, entre otros, estudia ya nuevas pruebas documentales clave para sustentar la demanda.
Tal y como avanzó ayer este periódico, la citada empresa acusa a parte de la cúpula de Medio Ambiente -entre los que figura como imputado el exdelegado Luis Rey, varios jefes de servicio y un funcionario- de denegar el permiso para el cerramiento de una finca y coto espeleños de su propiedad (Huerto Cepas) en base a «actuaciones arbitrarias». Los responsables encausados mantienen que el denunciante nunca solicitó colocar la malla de la discordia, y así consta en un certificado emitido por la Junta. No obstante, existe otro documento similar que asevera justo lo contrario.
De este modo, el primero de los informes, con fecha 3 de febrero de 2006, reza que «en el Registro General de esta Delegación Provincial [...] no tuvo entrada el escrito presuntamente emitido por el Ayuntamiento de Espiel en enero de 1998 y relativo a la petición de autorización para un vallado ganadero en la finca denominada Huerto Cepas».
No obstante, el 18 de octubre de 2012, la misma Delegación que suscribió el anterior documento, redactó otro que apunta que «consta en el Libro de Registro de Entrada, con fecha 28 de enero de 1998, procedente del Ayuntamiento de Espiel, solicitud [...] para el vallado ganadero de la finca Huerto Cepas», recoge textualmente.
Este escrito apoyaría, por tanto, la versión de la empresa Dehesa Pilmar, que en su denuncia asegura que hace dieciséis años solicitó al Consistorio de Espiel licencia para la instalación de la controvertida valla, petición que fue tramitada y remitida a la Delegación de Medio Ambiente, que no se pronunció. Como consecuencia, el permiso le fue concedido a la mercantil por silencio administrativo.
Sanción
Así pues, la actividad de la caza fue realizada en el coto y finca con total normalidad desde la colocación de la malla, en 1998, hasta 2004. Sin embargo, ese año Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Delegación de Medio Ambiente revelando la existencia de un pastor eléctrico (una alambrada electrificada) en la finca.
Esa denuncia dio pie a la apertura de un expediente sancionador contra Dehesa Pilmar que se resolvió con una multa y justificó, a partir de entonces, la denegación de todos los planes técnicos de caza que presentaba la empresa propietaria de la parcela. Para la denunciante, lo grave es que el expediente se basó en un informe -elaborado por uno de los imputados y refrendado por el delegado en ese momento, Luis Rey- que aseveraba que el cercado ni estaba autorizado ni se había solicitado su instalación.
Por ello, Dehesa Pilmar considera que tanto Rey como el jefe de servicio que elaboró el informe en el que se apoyó el posterior expediente sancionador, «han ocultado o negado la existencia de documentos o la entrada de los mismos en el organismo en el que presta n sus servicios».
La sistemática denegación de los planes técnicos de caza en este coto ha tenido «graves consecuencias» para el mismo, según la denuncia. «A día de hoy, los daños causados a la finca y coto de mi representada son casi irreparables», asegura.
Hasta la fecha, ya han prestado declaración a tres de los imputados en esta causa, entre ellos, el exdelegado Luis Rey. Todos se negaron a contestar a las preguntas planteadas por la denunciante. La ronda de comparecencias continuará el próximo 4 de noviembre, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba.
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