Reflexiones sobre el comienzo de curso en Córdoba
En los años previos a la llegada de la democracia, la ley educativa que teníamos en nuestras escuelas era la Ley General de Educación (LGE) de 1970 del por entonces ministro José Luis Villar Palasí, esta Ley convivió algunos años con la democracia en nuestro sistema educativo.
El 31 de octubre de 1978 se aprueba por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso y Senado, la Constitución Española, ratificada por el Pueblo Español en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y sancionada por S.M. El Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978.
Nuestra Constitución reconoce en su Título I nuestros derechos y deberes y entre los primeros el de la educación y en el artículo 27 se marcan aspectos generales en materia educativa.
Desde diciembre de 1978 hasta la fecha han pasado cerca de 36 años y desde 1980 hemos tenido que afecten a la enseñanza primaria y secundaria en nuestro país 8 leyes orgánicas incluyendo la LGE de 1970. La Ley Orgánica que regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE) de UCD (1980), la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación ( LODE) de PSOE (1985), la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de PSOE (1990), la Ley Orgánica de la Participación, Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG) de PSOE (1995), la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de PP (2002), la Ley Orgánica de Educación (LOE) de PSOE (2006) y desde septiembre de este año la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LONCE) de PP en algunos cursos.
Todas estas leyes educativas han tenido un denominador común; han sido aprobadas por el partido gobernante y sin el apoyo del partido que está en la oposición. Excepto la LOCE, aprobada por el PP que entró en vigor en 2003 y quedó paralizada en 2004, todas las leyes educativas que nuestros alumnos han tenido han sido aprobadas por el PSOE.
Estamos convencidos de que la principal causa de los malos resultados globales que la evaluación, que diversos organismos, nacionales e internacionales realizan a nuestros estudiantes está motivada por la falta de consenso que nuestros representantes políticos, legislatura tras legislatura ponen de manifiesto.
Pensamos que no sería difícil consensuar entre todas las fuerzas políticas una ley educativa que dejara fuera todo lo relacionado con temas morales y doctrinales e incidiera únicamente en lo puramente técnico de la educación. Fijémonos en los resultados del adoctrinamiento de los alumnos catalanes desde pequeñitos, que podría haberlos llevado a pensar en «el España nos roba». Todos los años en el mes de septiembre asistimos a la celebración de uno de los actos que más trascendencia tiene en nuestras vidas: el comienzo de un nuevo curso escolar. Año tras año aparece en escena el o la responsable en política educativa en nuestra provincia. Si nos fijáramos en las hemerotecas de los medios escritos cordobeses comprobaríamos como el mensaje que nos transmiten son casi idénticos. «Todo está bien. Por aquello de la natalidad hay más o menos alumnos. Estamos a la cabeza de las otras autonomías. Invertimos más que nadie en educación. Y si hay que echar la culpa a alguien por aquello de que en el gobierno central no están los míos, la culpa es de los que nos gobiernan en Madrid».
A nosotros nos gustaría que el que ocupe el puesto de responsable en la Delegación Provincial de Educación alguna vez nos informara sobre aspectos que, como contribuyentes, padres y ciudadanos nos interesa conocer en la enseñanza pública. Como por ejemplo:
¿Reciben los centros educativos en tiempo y forma la partida económica que les corresponde para su perfecto funcionamiento? ¿Cuándo en un centro de primaria se produce alguna baja por enfermedad de algún docente, se siguen dando los refuerzos educativos a los alumnos que los necesitan? Si todos los ciudadanos pagamos nuestros impuestos, ¿por qué la enseñanza que reciben los alumnos, nuestros hijos, es tan profundamente desigual?, ¿por qué no todos reciben enseñanzas bilingües ni todos los centros tienen establecido el plan de calidad? Si un centro TIC (Tecnologías, Información y Comunicación) tiene averías en alguno de los elementos electrónico-informáticos que posee, ¿cuándo se arregla y dónde está la partida económica para poder hacer que funcione lo averiado? La Junta es la responsable de la construcción de los centros de enseñanza secundaria. Al implantarse la LOGSE, ante la llegada a este nivel educativo de alumnos de doce años y ante la falta de espacio en los centros para recoger a estos alumnos, algunos ayuntamientos, sin liquidez, se endeudaron solicitando créditos para la ampliación de los centros. ¿Han sido devueltas estas cantidades de dinero o siguen soportando los ciudadanos el pago de lo anticipado?
Nosotros creemos que estos temas a muchos de nuestros altos cargos políticos nos les interesan porque ellos, en uso de su libertad y porque parece que no creen en la enseñanza pública, que ellos mismos aprueban, llevan a sus hijos a centros privados, tanto nacionales como extranjeros.
