El consejo de Salinas acusa a González de «enriquecerse»

«Hoy se cierra un capítulo de esta historia que pone fin a la infamia, pero aún queda mucho por escribir en este libro para reparar el daño causado y olvidar tanto sufrimiento». De esta forma concluía el comunicado de prensa que ayer por la tarde emitieron los componentes del consejo de administración del Córdoba, que presidió José Miguel Salinas entre 2009 y 2011.

Desde ayer está a disposición el auto del juez Fernando Caballero, titular del Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba, en el que se declara el concurso de acreedores al que se sometió la entidad con carácter «fortuito», por lo que el caso quedó archivado, como ya anunció en su edición del pasado 11 de octubre ABC.

Atrás quedó el proceso de «calificación culpable» que en su día establecieron los administradores concursales Daniel Pastor y Alberto Escudero por su gestión y a la que se adhirió Carlos González, actual propietario del club. Si hubiera prosperado el juicio previsto para enero de 2015, las penas podían haber llegado a inhabilitaciones para los consejeros salientes de hasta cuatro años y el pago de una indemnización que podía haber llegado a los 6 millones de euros. En su nota, la anterior directiva del Córdoba recuerda fases del proceso. En especial, denunciaron que los administradores por «no reclamar al accionista una deuda social de 3 millones, permitir al mismo tener un crédito fiscal de 2,5 millones y sobreseer de forma general pagos a la Seguridad Social y Hacienda durante el periodo anterior a la solicitud de concurso voluntario».

Sin embargo, estos argumentos, según reza en la nota, se fueron cayendo ante los jueces. Precisamente, situaciones que fueron reclamadas en tribunales por González sin éxito, según se resalta en la nota.

Ante esta situación, el anterior consejo se plantea si el «fin» de la situación no sería «un enriquecimiento para González de más de 6 millones de euros que en dos ocasiones el juez ha dicho que era injusto».

La directiva presidida por Salinas aclaró en su nota que este cierre del caso no guarda relación con el «gol de Uli Dávila» y el consiguiente ascenso del Córdoba, porque «de estas acusaciones nos hemos defendido tanto los consejeros como el anterior accionista desmontando en sede judicial todos y cada uno de los argumentos empleados en nuestra contra». El punto sólo es seguido.