Un préstamo público redondea la financiación del complejo judicial
Un fondo de la UE pone los 15 millones que faltaban por reunir para iniciar las obras y tras captarse créditos por 41 millones de La Caixa, Unicaja y Cajasur
La Junta de Andalucía consiguió ayer hacerse la foto que llevaba años persiguiendo. Las dos empresas adjudicatarias de la Ciudad de la Justicia, Isolux y Copcisa (Detea, la tercera, parece haberse caído del cartel), han culminado los trabajos preparatorios de las obras del nuevo equipamiento que reunirá a todos los juzgados de la capital y al Instituto de Medicina Legal. Ha hecho falta un empujón público. Un fondo de la Unión Europea, de nombre Jessica (las siglas en inglés de Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) ha puesto los 15 millones de euros que la banca privada no ha colocado en la construcción del proyecto de Arroyo del Moro.
La delegada del Gobierno y candidata a la Alcaldía del PSOE, Isabel Ambrosio, anunció ayer la buena nueva y difundió las claves de la operación. La Caixa participará en el «pool» con 21 millones mientras que Unicaja y Cajasur pondrán diez millones cada una. El fondo reembolsable pone los 15 restantes hasta los 56 millones de euros que cuesta la Ciudad de la Justicia, con 12.000 metros cuadrados construidos. Ambrosio aseguró que está plenamente justificado recabar dinero público para una operación urbanística de este calado, que generará actividad social y empresarial en el entorno de Arroyo del Moro.
A mediados de 2017 —la obra tiene un plazo de ejecución de 35 meses—, la Junta tendrá un edificio de nueva planta en el que concentrar la totalidad de los tribunales que ahora tiene desparramados por edificios propios y alquilados, que le cuestan un millón de euros anuales.
La Junta será, durante 25 años, inquilina del edificio y, a partir de esa fecha, propietaria del inmueble. Si el inmueble cuesta los 56 millones previstos (la renta se calcula sobre el coste real, certificado, de la obra), el Gobierno andaluz abonará 8,2 millones al año por el uso del edificio. Esa cantidad se irá incrementando, como una renta cualquiera, con factores como el IPC o las mejoras que hayan que realizar en el edificio por su desgaste. Al final de la vida útil del contrato, la Administración habrá pagado 205 millones, cuatro veces el presupuesto de obra, en euros constantes. La Junta dice no tener todavía pensado qué hará con los edificios en propiedad teniendo en cuenta que falta tiempo para la finalización de las obras y que el traslado será una tarea muy compleja.
La delegada del Gobierno reconoció que los problemas han sido «todos» para cerrar la financiación y la disposición societaria que se firmó el martes por la tarde en una notaría de Madrid. Por tener, la Ciudad de la Justicia ha tenido prórrogas, tandas de penalti y gol de oro. El pasado mes de agosto, finalizó el últimísimo plazo otorgado por la Junta de Andalucía para que las empresas realizaran los trámites previos para el proyecto. En esta ocasión, el Gobierno andaluz había intercedido —de ahí viene la entrada, clave, de La Caixa—y se aseguraba que lo último que quedaban eran formalizaciones administrativas que no se habían podido desarrollar en el periodo de vacaciones.
Las empresas —la promotora se llamará Unión Temporal de Empresas Complejo Judicial de Córdoba tienen ya todos los trámites ultimados. Incluso ha pagado la tasa de la licencia de obras (un porcentaje del proyecto que va alegrarle las cuentas al Ayuntamiento). El Impuesto de Construcciones lo devengará en 2015. Ya se han realizado algunas actuaciones previas y el montaje de cuestiones auxiliares necesarias para realizar la obra.
Se trata de la inversión más importante que se ha hecho en Córdoba en un único edificio, explicó la delegada del Gobierno ante los responsables en Andalucía de Isolux Corsán (Alberto Ruiz) y Copcisa Industrial (José Antonio García). Tres presidentes del Gobierno de la Junta después de su anuncio, el edificio se pondrá en marcha sin primera piedra más allá de una visita institucional. Políticamente, la delegada del Gobierno le pone el rostro a la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia «demandada por todos los agentes judiciales». Se encuentra en la carrera por las elecciones municipales tras imponerse en las primarias del PSOE. Ayer, agradeció al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, su colaboración en el proyecto.
