El fabricante avala que el bús siniestrado cumplía los requisitos

El accidente que sufrió un autobús de Aucorsa el pasado 2 de octubre, y que acabó con el incendio del vehículo en el Vial Norte, centró el debate del Pleno celebrado ayer. Por dos motivos. El primero, que la presidenta de la empresa municipal, la concejala Ana Tamayo, convocó a las 8.30 horas una sesión extraordinaria del consejo de administración de la entidad para presentarles a los grupos de la oposición el informe oficial sobre el siniestro, que concluye que se trató de un suceso aislado y fortuito porque el autobús contaba con todos los papeles en regla, según un certificado del fabricante que dice que todo estaba correcto.

El segundo, que la sesión plenaria abordó una moción conjunta de Izquierda Unida y PSOE que partía del supuesto contrario. Dicho de otra manera: que el siniestro del que fue víctima el vehículo es una muestra de las deficiencias de la flota de Aucorsa y del relajamiento de los controles mecánicos en aras de la optimización de recursos económicos. Los dos partidos de izquierdas pedían que el Ayuntamiento abriera una investigación sobre los autobuses de segunda mano adquiridos al Ayuntamiento de Madrid, entre los que se encontraba el que quedó calcinado en el Vial, y que los retirase de la circulación. La propuesta no salió adelante porque chocó con la mayoría del PP, que fue suficiente para neutralizarla pero que contó con la asistencia, al menos en el plano dialéctico, del líder de Unión Cordobesa, Rafael Gómez. «No sé qué hacemos aquí hablando de pegos. A los cordobeses les interesa tener un puesto de trabajo, a ver si nos enteramos, y no los accidentes de los autobuses, que se estropean como cualquier coche y no hay que darle tantas vueltas al asunto», dijo el edil.

De manera que el Pleno aprobó una enmienda del PP con dos ideas fundamentales: un agradecimiento a «la profesionalidad y a los compromisos de los trabajadores de Aucorsa, en especial a los mecánicos especialistas» y una promesa del equipo de gobierno de «ir modernizando la flota de autobuses de una manera progresiva y de acuerdo a la situación económica».

Durante el debate, Ana Tamayo resaltó que el accidente fue, eso, «sólo un accidente», y se aferró al informe técnico que indica que «se actuó en todo momento de acuerdo al protocolo fijado y se minimizaron en todo momento la alteraciones del servicio a los clientes». La intervención de Tamayo se basó también en el certificado de mantenimiento del bus siniestrado, que según señaló pasó su última ITV el pasado 25 de junio, «como lo hacía cada seis meses». Además, la presidenta de Aucorsa difundió entre los grupos políticos un documento de Renault, que es la casa fabricante del vehículo, que subraya que «al autobús le bastaba la inspección que prevé Aucorsa para circular con seguridad».

Tamayo defendió la compra de los 26 vehículos de segunda mano entre los que se encontraba el autobús calcinado, «porque permitió la renovación de la flota en un momento económico que no era el mejor y favoreció la mejora de la accesibilidad a los buses urbanos, así como la reducción de las emisiones contaminantes».

La postura de Izquierda Unida y del PSOE fue muy beligerante. «El grave incidente ocurrido el 2 de octubre no es un hecho aislado, porque desde que circulan esos autobuses [los de segunda mano comprados al Ayuntamiento de Madrid] por nuestra ciudad las averías son constantes», criticó el portavoz de IU, Francisco Tejada. «Es evidente que esos vehículos no reúnen las condiciones necesarias para circular», añadió la jefa de filas socialista, Inmaculada Durán.

La queja de los dos grupos de izquierda recordaron que «en el documento del presupuesto de Aucorsa de 2013 se dieron instrucciones para dilatar al máximo las revisiones de los vehículos y para que se incrementara el periodo de mantenimiento de los 20.000 kilómetros a los 30.000». IU y PSOE lamentaron también que el alcalde, José Antonio Nieto, defendiera la salud de la flota de la Aucorsa con el argumento de que «a todos se nos avería el coche con frecuencia».