La ambigüedad, cueste lo que cueste

El pasado día nueve, jueves, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios (PSOE), tomó la palabra en el Parlamento de Andalucía para responder a IU. Se le requerían datos sobre la propuesta de llevar el caso de la Mezquita-Catedral al Constitucional que los socios de gobierno habían pactado en el debate sobre el estado de la comunidad. Jiménez Barrios dijo que la Junta usaría «todos los instrumentos» para que se declarase la inconstitucionalidad de la ley hipotecaria, que hizo posible la inscripción del primer monumento de la ciudad. La cuestión es semántica pero relevante: solo el Tribunal Constitucional puede declarar que una norma no se atiene a la Carta Magna.

La Consejería de Presidencia se apresuró a aclarar que la presentación de un recurso de inconstitucionalidad no era un hecho. Lo hizo en cuanto Jiménez Barrios terminó de hablar en el Parlamento. La medida —que ya había sido registrada por IU— no se había decidido y aún era un asunto sujeto a discusión. El PSOE utilizaba una vez más la ambigüedad calculada en lo que concierne a las relaciones con la Iglesia. Apariencia de discurso duro, resistencia a embarcarse en las tácticas de IU.

En ningún momento de la intervención, se dijo que la propuesta de IU de recurrir al Constitucional ya se había descartado. De hecho se había hecho ocho días antes. El uno de octubre, según anunció el Boletín Oficial de la Cámara, la Mesa del Parlamento, estudiados los informes legales, había decidido darle carpetazo al recurso. Jiménez Barrios no hizo referencia a ello. Tampoco lo hizo la parlamentaria Alba Doblas. Ayer, aseguró a ABC que en ese momento no tenía conocimiento del informe jurídico. La realidad es que en la Mesa del Parlamento de Andalucía se sienta un diputado andaluz de IU, Ignacio García, que ya había emitido su voto contrario. Ninguno de ellos hizo referencia, según las noticias del debate, a esta cuestión en concreto. Doblas dijo ayer que aún hoy ni siquiera tiene el informe de los servicios parlamentarios en su poder.

Ambos partidos han dejado crecer la bola del recurso al Constitucional cuando ya estaba muerto y enterrado. La realidad es que han tenido oculto el asunto durante cerca de dos semanas, bien conscientemente o bien por descoordinación interna. El PSOE ya ha dado muestras antes de su doble discurso en lo que a la Mezquita concierne. Sobre IU, no hay que olvidar que ha presentado una propuesta inviable desde el punto de vista técnico, lo cual genera serias dudas sobre la preparación legal de este tipo de iniciativas.

El PSOE apuesta ahora —hay que leer sus discursos sobre el tema— por influir en el proceso de cambio de la ley hipotecaria que planteó el exministro Gallardón. Por ejemplo, para que no se apruebe una moratoria de un año. Los socialistas saben de sobra que una reforma de la legislación no va a anular la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de ese modo. Solamente, se realizaría una norma para que, ante futuras inscripciones, el trámite fuese similar para el Obispado que para un ciudadano.