POLÉMICA POR LA TITULARIDAD
La Junta abre la batalla legal por la propiedad de la Mezquita-Catedral
Asume el mandato del Parlamento andaluz de recurrir ante el Constitucional la norma que permitió inmatricular el templo
El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, aseguró ayer que la Junta de Andalucía «llevará a cabo el mandato» del Parlamento autonómico, tras una iniciativa de IU secundada por el PSOE, para adoptar todos los «mecanismos políticos y jurídicos necesarios» al objeto de declarar la inconstitucionalidad de una norma tan «anacrónica y desfasada» como la Ley Hipotecaria de 1946, cuya reforma se está debatiendo en el Congreso de los Diputados.
El sentido de esta afirmación no es otro que el de abrir la batalla legal contra la propiedad de la Iglesia sobre la Mezquita-Catedral, inmatriculada en el Registro de la Propiedad en 2006 cumpliendo el artículo 206 de esa normativa, un trámite de oficialidad para su realidad jurídica y registral frente a una posesión que dura ocho siglos.
El mensaje del titular de Presidencia constata que el PSOE, grupo mayoritario en el cogobierno andaluz, coge la senda marcada por su socio minoritario, IU, en la cruzada de hacer pública la titularidad del monumento y templo emblema de Córdoba.
El recurso de inconstitucionalidad es, a su vez, el mantra con el que la plataforma laica que auspicia este batalla legal desde hace meses viene llamando a las puertas de instituciones y estos partidos, que han hecho suya la demanda.
Y ello pese a dos elementos determinantes. Por un lado, la ausencia de un estudio jurídico sobre las posiblidades reales de arrebatar dicha propiedad a la Iglesia, al que se comprometió la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hace meses sin resultados. Y en segundo término, el aval recibido por el Gobierno central en cuanto a la titularidad del edificio, que el Estado ha reconocido que corresponde al Cabildo Catedralicio.
Jiménez Barrios hizo este anuncio ayer durante una pregunta de la parlamentaria de IU Alba Doblas en la sesión de control al Ejecutivo, donde cargó contra la Iglesia por inmatricular «bienes que pertenecen a todos» para «usurparlos», entre los que citó no solo a la Mezquita sino también al Giraldillo de la Catedral de Sevilla.
Ante esta pregunta, el consejero justificó la modificación contra la Ley en que «concede un privilegio» a la Iglesia a la hora de inmatricular edificios, equiparándola a una administración. Los obispos se asemejan a la figura de fedatarios públicos.
No obstante, Jiménez Barrios reconoció que la actual Ley Hipotecaria está en trámite de reforma y pretende acabar, entre otras cuestiones, con esa prerrogativa, por lo que animó a PSOE e IU a presentar enmiendas, algo que no entra en contradicción, dijo, con el recurso al TC.
Hay que recordar que el Gobierno aprobó en la primavera pasada un anteproyecto de ley que modificaba, entre otras cuestiones, la forma en la que la Iglesia podrá inmatricular sus bienes, sin que ello generase efectos retroactivos de ningún tipo a la anotación realizada sobre la Mezquita.
Con todo, el empeño del PSOE podría encerrar su trampa. Aunque da rienda suelta al afán de su socio en el Gobierno andaluz, el camino al Alto Tribunal puede ser largo y fallido, ya que no la norma del Ejecutivo central acaba con ese «privilegio» cuestionado, lo que por economía procesal haría poco razonable que prosperase el recurso de inconstitucionalidad.
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