El Tribunal Supremo falla en contra de la Junta de Andalucía en el caso del «cartel del vino»

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la responsabilidad de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía en la fijación de los precios de la uva y el mosto de Jerez entre abril de 1991 y marzo de 2009.

En una sentencia hecha pública este jueves el Alto Tribunal considera así ajustada a derecho la resolución del año 2011 en el que la Comisión Nacional de la Competencia que declaró a la Administración andaluza responsable de una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por haber llevado a cabo una práctica concertada para fijar los precios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) provocó un gran revuelo en el Marco de Jerez hace ahora ocho años con la incoación de hasta tres expedientes sancionadores que se saldaron con multas millonarias tanto para los operadores del sector comercializador y productor, como a las principales organizaciones e instituciones del vino.

La sentencia considera el recurso interpuesto por la Administración del Estado y anula la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2013 eximió de responsabilidad a la Junta asumiendo, como defendía ésta en su recurso, que la Consejería no era responsable de una infracción de las normas sobre competencia ya que «intervino en ejercicio de sus potestades públicas y no como operador económico», único caso en que podría considerársele infractor de dicha reglamentación, ha indicado Europa Press.

El Alto Tribunal entiende, sin embargo, que la sujeción al derecho de la competencia viene determinada no tanto por la naturaleza pública o privada de la entidad o institución, ni por las características externas de la actuación o la forma que ésta adopte, «sino por la capacidad de dicha conducta para incidir en el mercado y restringir la competencia».

Tras ello, señala que es indudable que en este caso la actuación de la Consejería tuvo un papel relevante en la distorsión del mercado y la perturbación de la competencia. Respalda así los términos que describe la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia, que atribuyó a la Administración autonómica un papel activo en la organización y vigilancia de la adecuada ejecución del acuerdo de fijación de precios de la uva y mosto de Jerez entre determinados productores y bodegueros.