La «Operación halcón», marcada por una posible conformidad de un buen número de acusados

La sombra de una conformidad con la pena de la mayoría de los procesados por la «operación Halcón», que ha comenzado hoy a juzgarse en la Audiencia Provincial de Jerez, pesa sobre la Sala. El fiscal ha establecido una «penalidad», pero está dispuesta a «rebajarla», si hay acuerdo. «No va a ser la misma pena para quienes se conformen o no», ha insistido la magistrada Lourdes Marín a los veinte acusados de conformar un entramado de sociedades ficticias para la emisión de facturas falsas a «gran escala » en la Sierra de Cádiz que fue comenzada a investigar ya hace más de once años. El tiempo transcurrido podría favorecer a la mayoría de los acusados, han incidido hoy fuentes jurídicas, que han comparecido en libertad.

L os principales acusados son el exjefe de la Policía Local de Ubique, Carlos Carretero, y su esposa, Elisa Calvente. Carretero ya disfruta del tercer grado penitenciario después de ser condenado por la «operación Karlos», una trama de fraude a la Seguridad Social íntimamente ligada a la trama que se está juzgando. De hecho, el fiscal ha recordado que las escuchas telefónicas a los investigados fueron las mismas. Varios defensores han intentado rebatir la legalidad de estos «pinchazos» a los que el Ministerio Público ha recordado que fueron «legítimos» y que, en ese sentido, hubo dos resoluciones de distintas Salas de la Audiencia de Cádiz que aceptaban su validez.

Además, ha incidido que la Fiscalía tuvo conocimiento desde «el primer momento» de las investigaciones realizadas en principio por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) -un cuerpo adscrito al Ministerio de Hacienda- que calculó en 7,6 millones de euros el posible perjuicio a las arcas públicas por no pagar impuestos.

La Fiscalía mantiene el peso de la acusación contra Carretero y su esposa a los que imputa cuatro delitos como falsedad en documento mercantil y otros tres contra la Hacienda Pública -en referencia a diferentes delitos de fraude- con distintos agravantes y contra otras dos personas. El Ministerio no ha concretado en Sala qué condenas -es decir, los años a cumplir en prisión- podrían imponerse. La responsabilidad civil solo se dirige contra cuatro de los veinte procesados.