CAMPO DE GIBRALTAR
Los narcos se verán favorecidos en la regularización de viviendas ilegales en La Línea de la Concepción
El nuevo PGOU convertirá en urbana la zona agrícola de El Zabal, donde en los últimos años se han edificado decenas de casas con dinero procedente del narcotráfico
Lo que un día fue una zona de huertos y viveros en La Línea de la Concepción (Cádiz) se ha convertido en un área donde han sido edificadas sin ningún tipo de control más de 1.200 viviendas. Se trata de la zona de El Zabal , de 760 hectáreas, un suelo no urbanizable especialmente protegido de uso agrícola, en el que, durante décadas, se ha mirado para otro lado permitiendo consolidar una situación a todas luces irregular.
La mayoría de estas viviendas llevan mucho tiempo construidas aunque, en los últimos años, se ha edificado sin reparos. Muchas de estas nuevas casas han sido levantadas con dinero procedente del narcotráfico . Así lo constatan las numerosas detenciones que está realizando la Policía Nacional durante el último año.
Las últimas se produjeron hace tan sólo unas semanas. Hubo 21 arrestados como supuestos autores de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Se trata de los propietarios de varias fincas que habían dividido el terreno en parcelas amuralladas de 800 metros cuadrados cada una para edificar sin ninguna clase de permiso o licencia urbanística.
El dinero del narco está siendo rastreado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Durante los dos últimos años se han realizado numerosas investigaciones para la localización de los bienes y propiedades que puedan provenir de los beneficios obtenidos por el tráfico de drogas y el contrabando de tabaco , y que puedan servir para ocultar y blanquear dichas ganancias. Fruto de dichas investigaciones, la Policía ha constatado la creciente proliferación de viviendas de reciente construcción asentadas en El Zabal, algunos de cuyos propietarios están relacionados con el tráfico de drogas.
Auténticos «casoplones»
Y no se trata de viviendas modestas. Algunas son auténticos «casoplones» con zonas ajardinadas, piscinas, barbacoas... Su antigüedad no supera los dos años. Todo ello sin haber tenido en cuenta las advertencias del Ayuntamiento en materia de disciplina urbanística.
La Policía ha asegurado que estas edificaciones incontroladas suponen un riesgo para esta zona protegida y que además han sido levantadas «sin el más mínimo control ni respeto a la legislación vigente en materia urbanística y medio ambiental». Además, vulneran la utilización racional del suelo como recurso natural limitado y la adecuación de su uso al interés general.
El Ayuntamiento quiere regularizar esta situación. El concejal de Urbanismo, Daniel Martínez, reconoce que no se puede “«negar la realidad». El Decreto de la Junta de Andalucía para legalizar viviendas ilegales no es aplicable a este caso, según explica el edil. «El ámbito de actuación del este decreto del Gobierno autonómico es para suelos urbanos, urbanizables y no urbanizables, aunque no para los de especial protección, como es El Zabal».
El gobierno local ya ha dado los primeros pasos para cambiar esta situación. La protección de este suelo, mediante el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, que data de 1987, cambiará por completo con el nuevo planeamiento urbanístico , cuya aprobación inicial es ya una realidad. Se trata del paso previo para su publicación y apertura del periodo de exposición pública y alegaciones. «Con el nuevo PGOU, El Zabal pasará a ser zona urbana no consolidad a, es decir, necesita un planeamiento para convertirse en suelo urbano consolidado», indica el concejal.
Mientras no esté consolidado, la gestión de ese suelo compete al Ayuntamiento, que ejecutará el planeamiento y cargará a los vecinos de El Zabal los trabajos de urbanización de la zona. Y es que a pesar de que hay más de 1.000 viviendas –el concejal no sabe el número exacto pero asegura que rondan las 1.200- no hay calles sino caminos rurales, ni infraestructuras de servicios tan básicos como el suministro y la depuración de agua, o el eléctrico. Fosas sépticas, enganches ilegales para dotarlas de electricidad y agua de acuíferos están a la orden del día en la mayoría de estas casas.
La mayoría de estos propietarios nada tienen que ver con el narcotráfico y llevan muchos años intentado regularizar la situación. «Hay gente que lo quiere hacer todo de manera legal y no puede, aunque tiene que soportar a vecinos que hacen lo que quieren. Teóricamente no se pueden contratar servicios de suministro en esta zona».
El responsable municipal añade que cuando dicho proceso de planeamiento termine, será posible edificar en la zona con total legalidad como en cualquier otra área de La Línea.
Dicho cambio beneficiará a todos los vecinos por igual , es decir, dará lo mismo que las viviendas hayan sido edificadas hace lustros o en los últimos años, que sean casas modestas o chalés. Martínez reconoce que muchos han aprovechado la actual situación para construir. «Son asentamientos que surgen, como en otros municipios. El sitio es idílico, con la playa al lado, por lo que han proliferado este tipo de construcciones que ahora, con el problema del narcotráfico, ya no son meramente cobertizos, sino chalés. Hay piscinas, campos de fútbol… Hay de todo».
En este sentido y aunque reconoce que será muy complicado, afirma que se estudiará la posibilidad legal para determinar si es posible actuar contra quienes han aprovechado la actual laguna para edificar en la zona.
Más de 200 expedientes abiertos
Además, sostiene que desde la delegación municipal de Disciplina Urbanística «se está haciendo un trabajo importante» y se está interviniendo, «lo que ocurre es que los procesos disciplinarios urbanísticos son muy largos ». En este sentido, asegura que en los últimos años se han incoado más de 200 expedientes disciplinarios en El Zabal por parte del Ayuntamiento. «Esos procesos disciplinarios y las medidas coercitivas están en marcha. Continuarán su tramitación. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. La justicia es lenta y, muchas veces, no es justa».
Eso sí, asegura que si se producen sentencias de demolición durante la entrada en vigor del nuevo PGOU, éstas se ejecutarán sin ningún miramiento.
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