Manos Limpias se querella también contra dirigentes del Partido Popular en Jerez

El sindicato Manos Limpias ampliará la querella que ha presentado esta semana en los juzgados de Jerez contra la antigua cúpula directiva técnica y el actual teniente de alcalde, Santiago Galván (PSOE), del circuito incluyendo también a la anterior alcaldesa popular, María José García-Pelayo , y su teniente de alcalde, Antonio Saldaña (factótum del PP en el trazado de velocidad), a los que acusa de haber cometido, supuestamente, prácticas irregulares en la contratación de personal. En concreto pone en tela de juicio la contratación del anterior director financiero de Cirjesa del que mantiene que carecía de la «titulación necesaria» para ejercer ese puesto y la del esposo de una empleada municipal que estaba desempleado.

El sindicato ejerce la acusación popular en esta acción judicial que, además de denunciar una posible falsa contabilidad en la venta de entradas, acusa a antiguos ex altos de cargos de «enchufismo» o ilegalidades en los contratos de personal.  «Hay numerosas contrataciones de personal a dedo, especialmente con los contratos por obra y servicios cuando se celebran los grandes eventos; así es fácil ver que durante la celebración de los grandes premios y otras carreras numeroso personal contratado» es miembro o simpatizante de algunas hermandades de la ciudad. «Intuimos que algunos de estos contratos no han seguido los procedimientos correctos y por ello consideramos pertinente solicitar a la Fiscalía Anticorrupción que  realice la investigación pertinente para determinar si estos contratos de Cirjes a se han producido de forma legal apegado a los procedimientos y reglamentos aplicables para las contrataciones en empresas públicas o por contrario se han producido de forma irregular, y en algún caso en flagrante ilegalidad». 

La abogada Esther Rodríguez , de este sindicato, ha indicado a Canal Sur que «hay que depurar responsabilidades. Nos da igual que sean del PP o PSOE». En total Manos Limpias acusa a nueve personas, tantos cargos públicos como empresarios privados, de haber cometido supuestamente ocho delitos aunque difereciando las imputaciones de unos y otros en su escrito penal. Sostiene que las empresas que han sido concesionarias en los últimos 15 años del circuito (Cirjesa), las sociedades limitadas Gestión Circuito de Jerez y Velocidad C. Jerez «están en entredicho por una serie de irregularidades penales» y las acusa de haber ganado importantes cantidades de dinero con la explotación del trazado.