CAMPO DE GIBRALTAR
El depósito judicial del Campo de Gibraltar no resuelve el problema de las narcolanchas
El recinto, que lleva un año funcionando, no ha recepcionado ninguna de las embarcaciones incautadas en esta comarca para su destrucción debido al colapso judicial, sólo algunas de Sevilla
La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía adjudicó hace justo un año el servicio de recogida, transporte, depósito y custodia de los vehículos y embarcaciones del Campo de Gibraltar considerados efectos judiciales tras varios concursos que quedaron desiertos.
Se trataba de una asignatura pendiente en el Campo de Gibraltar debido a la cantidad de vehículos y narcolanchas intervenidos gracias a la presión policial.
El depósito, situado en Menjíbar (Jaén) aunque con una nave accesoria en San Roque para que en caso de devolución del bien intervenido no tenga que ser llevado hasta la provincia jiennense, comenzó a funcionar en marzo de 2021 pero no ha permitido por ahora resolver el eterno problema de la acumulación de narcolanchas intervenidas a los ilícitos a la espera de ser destruidas.
Más de 350 –unas 300 intervenidas por la Guardia Civil y alrededor de 50 por el Servicio de Vigilancia Aduanera- se amontonan desde hace demasiado tiempo en el puerto de Algeciras, constituyendo un problema evidente de contaminación, un foco de atracción para los amigos de lo ajeno y la ocupación de un espacio portuario sin sentido.
Las narcolanchas, embarcaciones sumamente rápidas y con gran capacidad para transportar toneladas de hachís, fueron declaradas género prohibido en octubre de 2018 tras años de demandas. Un Decreto Ley del Gobierno permite desde entonces su decomiso cuando son interceptadas, aunque no lleven droga ni tabaco de contrabando. Eso ha cerrado un círculo vicioso que se llevaba años produciendo. Y es que tras ser intervenidas volvían a salir a subasta y eran adquiridas nuevamente por los narcotraficantes para continuar con su lucrativo y sucio negocio.
23 vehículos en un año
Según datos facilitados a este diario por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, desde la entrada en funcionamiento este depósito judicial el 1 de marzo del año pasado han sido depositados en este recinto por orden de los juzgados del Campo de Gibraltar 23 vehículos (18 turismos, dos motocicletas, dos furgones y un remolque).
En la actualidad permanecen en las instalaciones 18 vehículos ya que cinco turismos han sido devueltos por orden de juzgados de Algeciras, lo que supone el 21,7 por ciento.
En cuanto a la procedencia de los mismos, la mayoría de ellos fueron trasladados a este depósito por orden de los juzgados de Algeciras (19), dos por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Algeciras, uno por las autoridades judiciales de La Línea de la Concepción y otro de San Roque.
En estos datos llama la atención, y mucho, que no haya ninguna narcolancha con todas las que están siendo intervenidas en las operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Campo de Gibraltar, así como tampoco ninguna embarcación auxiliar de las que estas organizaciones criminales se valen para transportar combustibles, víveres, ropa y tripulaciones a las narcolanchas que esperan en alta mar para evitar ser interceptadas.
La Consejería de Justicia explicó a este diario que lo que se persigue es que cuando las narcolanchas son intervenidas, el juez, además de ordenar su incautación y depósito como en el resto de los vehículos incautados a estas redes criminales, también ordene su destrucción inmediata al ser estas embarcaciones ilegales.
Y es que las narcolanchas son género prohibido y por tanto su uso es ilegal, ahora también para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que venían utilizando algunas intervenidas a los narcos, por lo que es inútil y muy costoso tenerlas amontonadas y custodiadas.
El objetivo es que tras dicha orden judicial de destrucción, la empresa adjudicataria del depósito de vehículos del Campo de Gibraltar, las elimine.
Sin embargo, dicho servicio adjudicado por la Junta no ha destruido ninguna narcolancha procedente del Campo de Gibraltar, sí algunas de la provincia de Sevilla según indicaron desde la Consejería de Justicia al llegar a un acuerdo con la empresa de Menjíbar. El motivo, según la misma fuente, que el proceso es lento ya que antes de la orden judicial de destrucción, la Capitanía Marítima de Algeciras tiene que certificar si una embarcación es una narcolancha.
A todo ello se suma el colapso judicial en el Campo de Gibraltar debido a los centenares de causas abiertas por narcotráfico desde que en noviembre de 2018 se pusiera en marcha el Plan Especial de Seguridad de esta comarca gaditana.
«Tenemos que esperar esos trámites para destruirlas. Hasta ahora no nos ha llegado ningún auto judicial dictándonos la incautación, depósito y destrucción de narcolanchas del Campo de Gibraltar. En el caso de que así fuera, está todo preparado porque la empresa adjudicataria dispone de la grúa y de los medios necesarios para destruirlas», agregaron desde dicha consejería.
Capitanía Marítima
Desde Capitanía Marítima de Algeciras se destaca el problema y el peligro que supone tener estas embarcaciones en el puerto de Algeciras, y achaca al embudo judicial existente que no estén siendo destruidas.
Fuentes de Capitanía Marítima explicaron que en este ámbito su tarea es certificar con un informe que la embarcación intervenida es de tráfico prohibido o no apta para la navegación y la valora, y subrayó que así lo ha hecho con más de 300 embarcaciones incautadas por parte de la Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera.
Añaden que Capitanía Marítima realiza este trámite con suma agilidad : «En los últimos dos años nos solicitan muchas más valoraciones pero nos lo piden hoy y ya tienen el informe hecho de ayer. Es decir, no existe demora alguna porque la idea de Capitanía Marítima, que estuvo en las reuniones con el puerto y fiscales y jueces, es que sean destruidas cuanto antes ».
Según se resalta, dejarlas amontonadas supone un peligro : «Tienen tanques estructurales con restos de gasolina, con el riesgo de incendio que ello supone, contaminan, los motores y piezas pueden ser robados, ocupan sitio en el puerto tanto en la lámina de agua como en el cantil y tenerlas allí custodiadas es costoso e inútil».
También se sostiene que tenerlas en un depósito judicial supone mucho dinero para la Junta de Andalucía y el Estado . «Hay que convencer a los jueces de que cuando se interviene una de estas embarcaciones se establezca un procedimiento para hacerle fotos, recabar todos los datos y que la Inspección de Buques de Capitanía Marítima redacte un informe sobre el estado en que se encuentra para que el juez disponga de todo y dé la orden de destrucción de manera inmediata. Hasta que salga el juicio pasarán años y esa embarcación estará ya completamente deteriorada», indicaron fuentes de Capitanía Marítima de Algeciras
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