Cádiz
La Junta precinta en tres días 35 parcelas ilegales en La Línea de la Concepción y Arcos de la Frontera
Las sanciones propuestas superan los dos millones de euros y se han cortado los suministros de agua y electricidad
Fin a la proliferación de viviendas en suelo no urbanizable registrada en las últimas décadas. Es lo que se ha propuesto la Junta de Andalucía , que ha precintado en tres días 35 parcelas ilegales en la provincia de Cádiz, concretamente en La Línea de la Concepción y Arcos de la Frontera , y ha propuesto multas que superan los 2,1 millones de euros.
En La Línea, las actuaciones se han llevado a cabo en El Zabal Bajo , una zona situada en suelo no urbanizable de especial protección agrícola en la que en los últimos años se ha disparado la construcción de viviendas, especialmente casas de lujo por parte de los narcos y su entorno.
En esta zona se han iniciado tres procedimientos sancionadores por parcelación urbanística y tres procedimientos de protección de la legalidad que tienen por objeto 16 edificaciones en fase de construcción o recientemente terminadas , además de la eliminación de los vallados y elementos irregulares de urbanización.
Además se han precintado y cortado los suministros de luz y agua en 10 lotes de parcelaciones para frenar los procesos edificatorios en curso e impedir el inicio de otros.
En paralelo, se han detectado anuncios de venta en internet de parcelas de 500 a 1.500 metros cuadrados en la zona con precios que superan los 75 euros/metro cuadrado , por lo que se han iniciado dos procedimientos sancionadores por publicidad ilícita, siendo, en cada uno de ellos, la cuantía de la sanción propuesta 3.300 euros.
Según ha explicado la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación de la Junta de Andalucía, en esta zona se ha llevado a cabo «un número considerable de actuaciones de parcelación e innumerables actuaciones de edificaciones destinadas a viviendas familiares, incluso algunas destinadas a actividades recreativas y de ocio, que se han ejecutado en las últimas décadas al margen de la ordenación urbanística municipal y de la normativa autonómica».
Núcleos de población consolidado
Ello ha dado lugar, según añade, a la formación de un núcleo de población que se está consolidando, a pesar de que la zona no cuenta con servicios básicos, como pueden ser acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica, contando con acceso a través de caminos rurales.
Así, se ha constatado que aunque el Ayuntamiento ha tramitado diversos procedimientos de protección de la legalidad urbanística y sancionadores, la actuación municipal no ha conseguido frenar estas actuaciones ilícitas . Por eso el objetivo de la actuación de la Junta es frenar el proceso parcelatorio posterior a 2018 y disuadir a los infractores para que no continúen con esta actividad ilegal en la zona.
En Arcos de la Frontera , las actuaciones se han llevado a cabo en una zona de suelo no urbanizable de especial protección paisajística. Según la Consejería de Fomento, existen en este entorno otros procedimientos parcelatorios con distinto grado de consolidación «generándose un claro riesgo de formación de un nuevo asentamiento, así como daños ambientales y riesgo para la seguridad de las personas, toda vez que se constata la existencia de pozos ilegale s de captación de agua y que algunos de estos procesos parcelatorios invaden la zona de policía de aguas».
Por ello ha iniciado procedimientos de protección de la legalidad urbanística y sancionadores por parcelación urbanística en dos ubicaciones y se investigan otras cuatro zonas. El objetivo es frenar el proceso parcelatorio y servir de ejemplo disuasorio.
En este caso también se han detectado anuncios de venta en internet de parcelas de 500 a 1.500 metros cuadrados en la zona con precios que superan los 25 euros/metro cuadrado , por lo que se trabaja en nuevos procedimientos sancionadores por publicidad ilícita cuya cuantía media es de 3.300 euros.
Cooperación con los ayuntamientos
Según ha explicado la Consejería de Fomento, estas actuaciones se enmarcan dentro del compromiso del nuevo Gobierno andaluz para reforzar e incrementar la labor inspectora y garantizar la correcta ejecución de la disciplina urbanística, evitando así la proliferación de edificaciones ilegales en el territorio andaluz como ha sucedido en las últimas décadas. El objetivo es evitar nuevas parcelaciones en cooperación con los ayuntamientos y aplicar el nuevo decreto ley sobre viviendas irregulares que entró en vigor el 24 de septiembre de 2019 y que tiene como objetivo resolver una situación que padecen más de 300.000 familias.
«Esta situación de indisciplina urbanística generalizada, a pesar de la contundencia de la actuación autonómica, pone de manifiesto la necesidad de que se implementen algunas de las medidas contempladas en el Anteproyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que incluye previsiones específicas para evitar la instalación irregular de casas prefabricadas, la creación de un cuerpo de subinspectores que tiene como finalidad garantizar la presencia constante y continuada en el territorio, o la aclaración del ámbito competencial de la Junta de Andalucía en relación con actuaciones ilegales en suelo no urbanizable que afectan a la ordenación del territorio, previsiones que se espera supongan un freno a estas actuaciones incipientes que avanzan de forma tan rápida», ha apuntado en un comunicado.
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