Un sindicalista jerezano, acusado de llevar 15 años sin trabajar

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha anunciado el inicio del proceso de apertura de expedientes disciplinarios a una serie de representantes sindicales de CGT y de SIP por posibles faltas graves. Ambas organizaciones mantienen un serio y largo conflicto con el gobierno municipal (PSOE) por la confección de los cuadros horarios y el reparto de productividades.

Las acciones se encuentran actualmente en la fase previa de elaboración de los informes jurídicos correspondientes. Tal como se recoge en el reglamento de la Policía Local, en el Acuerdo-Convenio municipal y en el Estatuto Básico de los empleados públicos (EBEP), los hechos podrán conllevar diferentes tipos de sanciones si al concluir el proceso se confirma que los afectados han cometido algún tipo de irregularidad, siendo posible en el peor de los casos suspensiones de empleo, si se demuestra que se tratan de faltas graves, ha anunciado el Consistorio en un comunicado de prensa.

El gobierno ha reiterado su «firme» decisión de acabar con los «agravios comparativos» y las situaciones laborales irregulares que podrán estar sucediendo desde hace tiempo en el seno del Ayuntamiento, que, en el caso de los representantes sindicales, señala, no es lo común, ya que la mayoría cumple con el ejercicio de sus derechos y obligaciones sindicales y también con los laborales.

Ese trabajo del área de Recursos Humanos ha revelado, por ejemplo, la existencia de dos representantes del sindicato CGT que podrían llevar varios años sin acudir a trabajar ; según escrito de ellos mismos, esta situación podría datar hasta de 15 años. La labor de control horario de la plantilla municipal evidenció en un principio que las dos personas en cuestión llevaban todo el año 2015 y 2016 (hasta el 31 de mayo) en esa situación, excediendo con «mucho» el número de horas sindicales de que disponían, sin disponer de acumulación de horas de otros representantes sindicales, por lo que se les requirió por escrito que se reincorporasen a su puesto de trabajo. Ante un segundo requerimiento, ambos trabajadores remitieron escrito a la delegada de Recursos Humanos en el que reconocen abiertamente que sus situaciones obedecían «un acuerdo tácito» con los diferentes gobiernos municipales desde hace más de 15 años.

Reseñar que, tras los requerimientos de la delegación de Recursos Humanos, uno de los dos trabajadores en cuestión se ha incorporado a su puesto. El otro ha presentado un escrito en el que notifica la acumulación en su persona de horas sindicales de compañeros, aunque insuficiente para poder liberarse totalmente de trabajar el resto del año, que es su intención manifestada en dicho escrito. También se ha detectado otro representante sindical de la CGT que ha venido fichando como si estuviera trabajando, cuando participaba de forma pública en actividades sindicales, evitando con esta actitud que se puedan controlar el número de horas sindicales que ha usado y las horas de trabajo efectivo que ha realizado.

Por otro lado, también se han detectado situaciones presuntamente irregulares por parte de algunos representantes del SIP, dándose la circunstancia de que uno trabajó únicamente 47 días reales en todo el año 2015. El reseñado no es el único caso. Hubo otro en el que el policía en cuestión cerró 2015 con un saldo de 66 días reales trabajados; y otro con sólo 96 días. Estos representantes sindicales del SIP, tanto en 2015 como en lo que va de 2016, han dispuesto de jornadas enteras sin trabajar, aludiendo a asistencia a reuniones sindicales convocadas por el Ayuntamiento, que se comprueba son «inexistentes». En algunos casos resulta curioso que dicen haber tenido este tipo de reuniones oficiales hasta en días festivos, obviamente sin haber existido convocatoria alguna. Esta forma de proceder les permite reducir considerablemente el número de jornadas que debían trabajar, tal como se ha detallado anteriormente. Sobre estos hechos, se ha iniciado el proceso para la apertura de los oportunos expedientes disciplinarios.

El Gobierno Municipal ha mantenido que solo busca eliminar unos hábitos adquiridos «injustificados» y que hacen también un daño considerable al funcionamiento del Ayuntamiento, a los servicios que presta y, sobre todo, a sus «maltrechas» arcas.