El alcalde de Sanlúcar mantiene que no puede avanzar en la crisis de las corralas

Los juzgados de Sanlúcar han dejado visto para sentencia los juicios a las 47 familias okupas de las corralas de tres barriadas a las que la Fiscalía pide una multa de cuota diaria entre tres meses y seis. Hoy el alcalde, Víctor Mora (PSOE) ha señalado que no puede avanzar más en las negociaciones que lleva a cabo para dar solución a los vecinos que okupan las viviendas conocidas como las corralas porque estas tres promociones no pertenecen aún a ninguna entidad bancaria, sino que lo « único que existe es un derecho de crédito garantizado con las entidades». Según han indicado a Europa Press fuentes municipales, el Ayuntamiento «sigue a disposición de los ciudadanos» con la intención de mediar para resolver la situación entre propietarios y familias «y buscar arrendamientos a aquellas en situación de especial vulnerabilidad».

Las promociones situadas en el carril de los Ángeles -19 viviendas y 51 personas- y de Bonanza -ocho viviendas y 34 personas- están pendientes de adjudicación al Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), mantiene el Consistorio y aceptan, en su momento, valorar la procedencia de alquiler social para las familias ocupantes que estén en riesgo exclusión social. La tercera de las promociones, conocida como la de Martín Miguel, con 38 familias, continúa siendo propiedad del promotor, según ha indicado el Ayuntamiento, que ha añadido que además « está en contra de que estas familias continúen allí, por lo que no va aceptar alquiler social» .

Sin embargo, IU mantiene que a propietaria de las viviendas ocupadas en Bonanza por 11 familias es la entidad bancaria Caixa Catalunya por lo que el alcalde, Víctor Mora, a través de la Oficina por la Vivienda Digna no tiene, por tanto, «ninguna excusa» para negociar con dicho banco un alquiler para estas familias en las que hay muchos menores por medio y darles una salida habitacional, previo informe de los servicios sociales municipales que acrediten que están en riesgo de exclusión social.  IU Sanlúcar ha dicho que seguirá demandando una solución a estas familias y exige el fin de la «ofensiva judicial» contra el colectivo y que las administraciones competentes, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, se tomen la problemática de la vivienda como una prioridad.