Plan de choque ante el marisqueo furtivo

La delegación de Gobierno de la Junta está impulsado un plan de choque para erradicar el marisqueo ilegal en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) que pone en peligro la actividad de las 23 personas que se dedican legalmente a esta actividad. La Junta ha destacado hoy que las actuaciones que se van a llevar a cabo tienen como objetivo controlar el furtivismo en las zonas de producción marisquera que se encuentran actualmente cerradas por contaminación de biotoxinas en el entorno de Doñana, y así evitar que se comercialicen productos que no cumplen con los mínimos requisitos sanitarios y que suponen además una competencia desleal para los mariscadores que sí cuentan con las preceptivas licencias y actúan dentro de la legalidad.

En el transcurso de una reunión de trabajo entre representantes de diferentes instituciones se ha decidido que se actuará en el marco del Plan de Inspección ya creado y en marcha, con actuaciones concretas y periódicas que se ejecutarán de forma «coordinada e inmediata» por parte las administraciones, cada una de las cuales aportará sus servicios y efectivos para controlar tanto las zonas en las que se realiza la actividad extractiva como el resto del proceso de comercialización y venta ambulante.

Todas las actuaciones que se pondrán en marcha de forma escalonada, y que pasan por el control de las zonas de producción, las actuaciones de las fuerzas de seguridad, las incautaciones de marisqueo ilegal, las inspecciones pesqueras y en locales, las campañas de concienciación o las sanciones, partirán de la iniciativa de la Junta de Andalucía -que las coordinará desde el Servicio de Inspección Pesquera- y contarán con el apoyo de la Subdelegación del Gobierno, ha indicado la Junta en una nota.

La mesa de trabajo coincidió en que el problema del marisqueo furtivo no solo supone un agravio para los mariscadores legales, sino que además la falta de control pueden derivar en la venta ambulante de productos contaminados por una biotoxina que pondría en «riesgo la salud pública».