Los ayuntamientos establecerán los descansos de los VTC y podrán sancionarlos

El documento que está sobre la mesa de negociación para la regulación de las VTC en Andalucía recoge entre otras cosas que los ayuntamientos puedan establecer los descansos de estos vehículos (como hacen con los taxis) así como sancionarlos cuando transgredan las normas establecidas. Además, la Junta se compromete a no conceder más licencias a estos vehículos hasta que no se cumpla la ratio establecida que está en un VTC por cada 30 taxis. Sin embargo, no se retirarán las licencias ya en vigor sino que se irán acompasando con los años. El motivo de esta medida es que las licencias vigentes las concedió el Ministerio de Transportes.

Además, los vehículos VTC deberán ser siempre negros, no llevar publicidad y ser de gama alta, salvo en los eléctricos en los que se establecen otros criterios aunque también deberán cumplir unas medidas mínimas.

Hay otro asunto de calado. El documento que se está negociando prevé establecer un tope máximo de precios en los momentos de más demanda para evitar que los VTC puedan cobrar sin límites los servicios que prestan, al contrario de lo que sucede con los taxis.

También se contempla que los usuarios que no reciban un servicio precontratado por alguna circunstancia deberán ser compensados en el próximo, bien con un descuento, bien con un viaje gratis o con algún tipo de bonificación.

Fuentes de la negociación han explicado a ABC que la mayoría de estas demandas proceden del sector del taxi y que las aceptan tanto las empresas VTC como los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Sin embargo, una parte de la federación de taxistas insiste en que sólo habrá acuerdo si se establece que los VTC sólo puedan utilizarse con una precontratación de 15 minutos.

Pero se trata de un requerimiento que la Consejería de Fomento no va a aceptar. Según explican a ABC se trata de una medida que está fuera de la legalidad vigente. El Tribunal Supremo está preparando una doctrina al respecto ya que hay reclamaciones multimillonarias a las administraciones públicas por esta práctica y numerosas sentencias contradictorias al respecto.

No obstante, hay algunas federaciones que sí están dispuestas a firmar este reglamento porque consideran que hacen compatible los dos servicios de transporte colectivo. En este escenario, la negociación está abierta y se pueden producir cambios hasta que el Consejo de Gobierno valide el decreto que entrará en vigor el próximo 1 de octubre.