Los ayuntamientos de Andalucía tiran de la obra pública en el año electoral

«Es un dato positivo que da estabilidad a las empresas», según afirma Carlos López Navarrete, presidente de la patronal andaluza de la construcción Ceacop. Se trata, de hecho, del mejor registro en los últimos doce años (habría que remontarse a 2009 –antes del desplome de los presupuestos públicos por la crisis inmobiliaria y financiera– para ver una magnitud superior a la de 2022).

Y la pauta la ha marcado la política municipal. Aunque Ceacop valora «el esfuerzo de todas las administraciones en una época especialmente complicada», el tirón de la inversión tiene como protagonistas destacados a los ayuntamientos. En el año previo a las elecciones municipales –que se celebran el próximo 28 de mayo– los entes locales han pisado el acelerador para convertirse en los auténticos 'tractores' de la obra pública en las ciudades de Andalucía, marcando distancias con los gobiernos central y autonómico.

Según el informe de Ceacop, prácticamente el 35% de toda la inversión procede de las arcas de los ayuntamientos, un porcentaje que supera en seis puntos al de la Junta de Andalucía (28,9%) y el Gobierno Central (28,7%). Si al cómputo de los ayuntamientos se le suman también las partidas que han adjudicado las distintas diputaciones provinciales, las administraciones locales alcanzan un peso específico que roza el 40% del total (más de 1.200 millones de euros, un importe récord tras una larga etapa en la que la Ley de Estabilidad Financiera ha mantenido muy constreñido el margen de maniobra de los alcaldes).

Hay un aspecto que Ceacop valora de manera especial en aquellos proyectos que promueven los ayuntamientos: la gran mayoría de las adjudicaciones recaen sobre empresas cuyo domicilio social está en Andalucía (casi el 69%). Los consistorios de las provincias de Sevilla y Málaga –las más pobladas con diferencia de la región– son responsables de prácticamente la mitad de los contratos que se firmaron en 2022, y a la cola se encuentran Jaén y Huelva (las menos pobladas), que son las que menos actuaciones realizan (pese a que también aumenta su inversión con respecto al año anterior).

La reactivación de las inversiones de los entes locales ya comenzó en 2021, cuando superaron los 1.000 millones en adjudicaciones, y se ha consolidado en la época preelectoral con un crecimiento del 17,4%.

Junto al impulso de los alcaldes, la Junta de Andalucía ha logrado mantener el pulso en 2022 con respecto al año pasado, al repetir una inversión próxima a los 1.000 millones de euros. La gran estrella del Gobierno de Juanma Moreno ha sido la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que tiene asignadas las competencias sobre las políticas hidráulicas. De esta forma, más de 420 millones de euros se destinaron a proyectos de infraestructuras relacionadas con el agua (especialmente obras de abastecimiento y saneamiento). El Gobierno andaluz trabaja contrarreloj, ya que hay que culminar numerosas obras de depuración y mejora en el ciclo integral del agua para cumplir con las exigencias de la UE.

La Consejería de Fomento, por su parte, adjudicó más de 215 millones, destinados principalmente a las obras del Metro de Granada (que ha recibido financiación de los fondos Next Generation) y a las labores de conservación de carreteras (que se deben realizar cada año de manera recurrente). En este 2023 ya ha comenzado la licitación de los primeros trabajos asociados a la nueva línea del metro de Sevilla.

La Consejería de Salud –con 156 millones– también entró en la lista de los departamentos más inversores gracias a la reactivación de nuevos centros sanitarios (como ha sido el caso del Hospital Militar, denominado ahora Muñoz Cariñanos, cuyas obras se han completado en este trimestre).

En el caso de la administración autonómica, Málaga y Granada (con el 16,7% cada una) fueron las provincias que recibieron el mayor porcentaje de la inversión, frente a Huelva, que ha sido la última de la lista con un 4,6%, según indica el informe de Ceacop.

Una de las mejores noticias de 2022 es que el Gobierno central recuperó el ritmo en Andalucía tras dos años en los que su participación ha sido sensiblemente inferior a la del resto de administraciones. El Ejecutivo de Pedro Sánchez destino casi 1.000 millones a la obra pública en la comunidad autónoma, un 81% más que el ejercicio anterior, igualando así el presupuesto de la Junta.

«El mayor desembolso corresponde a entes como Adif y Puertos del Estado, que han impulsado obras ferroviarias con tramos en Almería, Sevilla y Huelva, y proyectos portuarias en los enclaves de Huelva y Algeciras», según indica el estudio de la patronal andaluza. En este caso la provincia más favorecida ha sido Almería, que copa casi el 20% de la inversión, y la otra cara de la moneda la representa Jaén, con el 2%.

Pese a las buenas cifras de adjudicación en las tres grandes esferas de la administración, Carlos López Navarrete recuerda que «no ha sido un año fácil». La obra pública ha estado marcada y afectada por los desequilibrios que han surgido tras la recuperación del Covid. «Los precios de las materias primas subieron de forma extraordinaria, imprevisible e incontrolada». Este hecho se vio agravado por el incremento del precio del gas y la energía tras la guerra de Ucrania. «A este cúmulo de factores se unió la huelga de transporte y los problemas de suministros generalizados que dificultó, ralentizó o paralizó la mayoría de las obras en marcha».

La consecuencia ha sido que «más de un 5% de los contratos se han quedado desiertos en nuestra región, y se han dejado de invertir 240 millones de euros». Son los ayuntamientos los que han tenido mayor dificultad para sacar adelante los proyectos, ya que «cuentan con menor margen para modificar los presupuestos». En provincias como Cádiz han quedado obras desiertas por un valor cercano a los 77 millones de euros. A esto se le suma que ha habido «numerosas obras paralizadas a causa de la falta de un mecanismo automático y ágil que responda al problema coyuntural existente, que queda fuera del riesgo y ventura empresarial».

Otro elemento de incertidumbre está siendo el ritmo de ejecución de los denominados fondos Next Generation (el programa de la Comisión Europea para reactivar la economía tras la crisis del Covid). La meta temporal para que estén ejecutadas estas ayudas es 2026, lo que exige que los proyectos estén iniciados ya en 2023. «De momento la asignación y puesta en valor de estos recursos está muy por debajo de los objetivos marcados y la exigencia del calendario obliga a intensificar la gestión por parte de los responsables públicos para no perder los fondos y la oportunidad histórica de la transformación», apunta la patronal.