Andalucía simplifica la valoración de dependientes para reducir las listas de espera

Según datos de la consejería que dirige Loles López, desde que un andaluz llama para pedir ayuda de dependencia hasta que se resuelve su caso pasan ahora mismo unos 500 días. Demasiados, creen en Igualdad, aunque el Ejecutivo andaluz haya bajado de los más de 700 que había que aguardar hasta 2021. Para reducir esa cifra al menos hasta los límites que marca la ley -180 días como máximo-, quieren poner en marcha este proceso de simplificación que recoge un decreto que ultima el Gobierno andaluz.

«El decreto pretende aliviar los trámites que evitan que haya un proceso ágil», explica José Luis Prieto, director de la Agencia de Servicios Sociales y Depedencia de Andalucía (Assda) y, además, «agilizar la entrada de los ciudadanos en las ayudas que hay disponibles para ellos en los catálogos así como reforzar presupuestariamente la dependencia».

Dentro de este empeño en hacer más ágil el proceso, el nuevo decreto, al que ha tenido acceso ABC y que viene a actualizar el vigente, que es de 2007, permite que muchos de los trámites que ha de hacer el ciudadano se hagan de forma telemática. Igualdad quiere poner fin al peregrinar de ventanilla en ventanilla y el que el ciudadano tenga que aportar documentación que la Administración ya tiene en su poder.

Por eso, la norma que prepara el departamento de Loles López va a lanzar una ventanilla única administrativa en Internet donde se podrá solicitar la ayuda de dependencia. «Habrá que aportar una documentación mínima», explican fuentes de Igualdad, que insisten en simplificar procesos para agilizar trámites.

«La asistencia de este tipo es cara pero no debe ser complicada para el ciudadano, que deberá aportar documentos de padrón, informe de salud y económico, poco más. Y muchos de eso ya lo tiene la Administración y solo tendra que darnos permiso para aportarlo a su expediente», detalla Prieto. La idea, abunda el director de la Assda, es que «el andaluz no sea un mensajero entre administraciones».

El decreto de Igualdad pretende firmar con los ayuntamientos andaluces un acuerdo marco para que sean ellos quienes gestionen los casos de dependencia. En realidad esto es algo que ya se hace pero de una manera informal y sin un documento que fije límites, atribuciones y controles. De esta forma, y cuando se apruebe la nueva norma, un andaluz cuyo consistorio se haya acogido a la misma, tendrá que dirigirse a los servicios sociales comunitarios municipales para ser atendido. En caso contrario, se encargará la Junta a través de la Consejería de Igualdad.

En el convenio que se suscriba, los ayuntamientos sabrán las obligaciones, la financiación que recibirán y el tipo de personal que tendrá que hacer las valoraciones y ofertar las ayudas a los andaluces. El personal a cargo de este servicio es una cuestión clave en el nuevo decreto. En el mismo se establece que podrá ser empleado público, no solo funcionario, como ocurría hasta ahora. ¿Por qué? Porque en los ayuntamientos, indican desde Igualdad, mucho del personal que trabaja en este área no tiene una plaza en propiedad sino que es contratado.

La norma, añaden desde el Gobierno andaluz, fija que quienes hacen las valoraciones deben ser trabajadores sociales. Esto ya ocurre, en la práctica. Pero Igualdad quiere dejarlo fijado en la nueva norma para que no haya ayuntamientos que destinen personal sin cualificar a estos puestos. En todo caso, añaden, recibirán formación para poder desempeñarse en estas tareas.

La norma que prepara Igualdad tiene especial cuidado con los niños. En este caso, y si necesitan de ayudas de dependencia, los clasificará siempre como casos preferentes. Esto es así, indica el director de la Assda porque los menores suelen tener problemas asociados al desarrollo que se pueden solucionar «o al menos paliar» si se llega con rapidez y se les atiende. El tiempo, en su caso, corre en contra.

También saltarán a los primeros de la fila los casos que afecten a cuestiones «de urgencia o emergencia social» siempre que esté motivada por los servicios sociales así como quienes se trasladan entre provincias. ¿Por qué? Porque si alguien está recibiendo asistencia en Córdoba, por ejemplo, pero tiene que mudarse a Málaga, «no puede interrumpir la ayuda en el tiempo en que se vuelve a tramitar en su nueva residencia.

Otro de los ejes del nuevo proceso de ayuda por dependencia tiene que ver con la revisión de los procesos. Ese tecnicismo, en realidad, se entiende fácil cuando se explica. La Junta quiere que las ayudas se revisen así como que se haga un proceso de seguimiento de quienes tienen concedido algún recurso público. Primero, para asegurarse de que todo se ha hecho de forma correcta. Pero también, explican, por si hay cambios en la gravedad de los afectados. «El 80 por ciento de los beneficiarios de dependencia tienen más de 80 años, y sus casos suelen ir a peor, claro, así que hay que adaptar los recursos que se les ofrecen», indican en Igualdad.