Andalucía pide un fondo que compense a los autobuses por la gratuidad del tren

Andalucía quiere que el Gobierno central compense a las empresas de transporte en autobús ante la entrada en vigor de la gratuidad del tren. Así lo ha indicado este lunes la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, quien ha enviado una carta a la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para que el Estado indemnice a este sector .

De esta forma, el Ejecutivo andaluz pide al central que cree un «fondo de compensación» para las empresas que explotan los mismos recorridos que los trenes que tendrán una bonificación por parte del Gobierno. Carazo cree que esto es necesario «ante los graves perjuicios económicos derivadas de la gratuidad de los servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distancia».

Desde Fomento argumentan que las empresas de transporte en autobús «sufren el incremento del coste del combustible y todavía no se han recuperado de la pandemia del Covid-19», por lo que la gratuidad del servicio de su competidor inmediato, el tren, sería demoledora para ellos.

«Esta medida agudiza más la delicada situación financiera en la que se encuentran los operadores de transporte regular por carretera derivada del incremento de los costes de explotación especialmente debido a la crisis del combustible», ha indicado Marifrán Carazo en la misiva, en la que incide en que la situación se agrava en aquellas líneas con «recorridos coincidentes con el ferrocarril donde el trasvase de usuarios puede llevar a cuestionar gravemente la viabilidad económica del servicios y su subsistencia».

La consejera asume así las reivindicaciones de la Federación Andaluza Empresarial de Transporte en Autobús (Fandabus), con la que coincide en que esta medida adoptada por el Gobierno «prima a un modo de transporte frente a otro» y puede acarrear «consecuencias al conjunto de empresas operadoras, muchas de ellas pymes, que verán disminuidos significativamente sus ingresos con el peligro evidente de pérdida de actividad y de puestos de trabajo».

Carazo ha apuntado que la medida también puede repercutir en la calidad de los servicios «por la imposibilidad de que Renfe pueda atender la demanda que va a registrar y de que las operadoras de transporte por carretera coincidentes con el ferrocarril mantengan la oferta actual de servicios».