TRIBUNALES

Más de 5 años de cárcel para un funcionario de la Junta que se apropió de 239.000 euros

Deberá devolver en su totalidad el importe que sacó en talones al portador para su lucro personal

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada. ABC

R. Pérez

Un funcionario de la delegación provincial de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha sido condenado a cinco años y tres meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. La pena se basa en la malversación de caudales púbicos ya que sacó talones al portador por un total de 239.638,20 euros de una cuenta de la delegación para su lucro personal.

Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo que ratifica los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de un tribunal del jurado en la Audiencia de Almería, al rechazar el recurso del funcionario Miguel Gallardo, que además de la pena de cárcel es condenado a nueve años de inhabilitaci ón y a devolver la cantidad que sacó a la Junta de Andalucía. Este trabajador público tenía una firma autorizada desde 1986 y entre febrero y abril de 2009 extrajo de la cuenta a través de 49 talones al portador un total de 134.300 euros.

«Con la misma intención, pese a que desde el 22 de junio de 2010 no figuraba como autorizado en la cuenta, entre febrero de 2011 y noviembre de 2012 extrajo de la misma un total de 105.338,20 euros haciendo uso para ello de 39 talones al portador en los que estampó una firma irreal», añade la sentencia. En los 7 últimos cheques, dado que los empleados del banco le exigieron que hiciera constar su documento nacional de identidad además de la firma si deseaba cobrar, el acusado consignó un número de DNI distinto al suyo cambiando alguno de los dígitos de la numeración correcta. A pesar de que el acusado no figuraba como autorizado, los empleados del BBVA abonaron los talones al no hacer las comprobaciones necesarias.

En su recurso, el funcionario alegó que «cobró los cheques por indicación de sus superiores» . Según argumentó, las cantidades se destinaron al pago de campañas publicitarias encargadas por los directivos.

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