Ingresan en prisión el exvicepresidente socialista de la Diputación de Almería y su secretaria por estafar 706.00 euros

Nueve meses después de que el Tribunal Supremo confirmara la pena de siete años y diez meses cárcel para el que fuera vicepresidente de la Diputación de Almería y responsable de Turismo durante mandato del PSOE , Luis Pérez Montoya ha ingresado en la cárcel almeriense de El Acebuche. El socialista, que fue condenado por desfalcar las arcas públicas en el caso denominado «Facturas», tenía como fecha tope para ingresar en el centro penitenciario de forma voluntaria hasta el 2 de septiembre.

Ese mismo día, Pérez Montoya se presentó en la prisión y fue alojado en el módulo destino a los internos que tienen que guardar cuarentana. Tras dos semanas de aislamiento y pruebas para descartar un contagio de covid-19 , ya ha sido trasladado a un modulo.

La que fuera secretaria del Patronato de Turismo, María Teresa González , también está ya en la cárcel para cumplir la misma pena de 7 años y diez meses. Según la sentencia ambos actuaron de común acuerdo y elaboraron un plan para destinar fondos públicos a fines ajenos de los que le eran propios y concertaron con empresarios que contrataban públicamente la elaboración de facturas fraudulentas.

Billetes de avión, reservas de hoteles, comidas o teléfonos móviles son algunos de los conceptos de los importes que defraudaron. El actual equipo de la Diputación de Almería, gobernado por el PP, fue quién presentó la denuncia para que unas facturas correspondientes a viajes de la anterior corporación fueran investigadas tras considerarse sospechosas.

Durante su gestión, entre 2009 y 2011, se detrajeron más de 706.000 euros de dinero públi co de la Diputación. El plan lo acordaron con empresarios que contrataba el Patronato de Turismo para la prestación de productos y servicios con los que se hacían «facturas ficticias», ya que no se cumplían dichos contratos.

La cuantía estafada representaba una parte importante del presupuesto con el que contaba la entidad para los fines de promoción turística de la provincia y supuso un daño a este servicio público. El exvicepresidente dictó resoluciones, previo informe de su secretaria, acordando la contratación de productos y servicios «con conocimiento de que no se iban a prestar, pero sí pagar».

Resultó también condenado a cinco años de prisión, el empresario Joaquín C.C., administrador de Publifiestas Conde , por participar en la sustracción de 363.000 euros de la cuantía total saqueada con facturas falsas y anticipos. Sin embargo, se ha solicitado la suspensión del ingreso en prisión mientras que se tramita y resuelve el indulto solicitado.

En mayo de 2018, el tribunal ordenó la ejecución de la sentencia con respecto a otros tres condenados que no recurrieron al Tribunal Supremo, entre los que están dos administradores de una agencia de viajes que fueron condenados a 23 meses de prisión . Sus testimonios fueron determinantes para esclarecer la trama y dar cuenta de la facturación por conceptos no reales.