Almería
El Hotel Algarrobico, más cerca de su demolición 15 años después
La Junta anuncia su fin, pero necesita más dinero para un derribo que supera los 30 millones de euros
Veintiuna plantas y 411 habitaciones permanecen impasibles en Carboneras, en terrenos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en Almería con la inscripción «hotel ilegal» a 50 metros del mar. Se trata de El Algarrobico, calificado como uno de los mayores escándalos urbanísticos del litoral español. Los orígenes de este macro hotel datan de 1987 cuando se aprobaron las Normas Subsidiarias de la localidad y se declaró urbanizable el terreno. Más de 33 años han pasado ya, una veintena de denuncias, recursos y sentencias, pero sigue en pie, sin terminar y sin demoler.
Azata del Sol, empresa promotora, obtuvo en 2003 una licencia de obras, legal, conforme a la normativa autonómica y municipal vigente, y aprobada dos años antes de la compra de los terrenos. Así, tuvieron unos permisos completamente legales tal y como concluyó en sentencia firme en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Los trabajos se pararon en 2005, cuando el edificio se encontraba al 95 por ciento. La justicia detuvo su ejecución porque se había levantado en un espacio protegido que invade la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Diferentes colectivos conservacionistas pidieron su demolición y los diferentes gobiernos de la época hasta la actualidad han prometido su demolición inmediata, pero El Algarrobico sigue en pie. La Junta de Andalucía ha consignado para los presupuestos de 2021 una partida de 1,1 millón de euros para su derribo y desescombro, pero para llegar a su demolición la administración autonómica debe tomar posesión de las fincas sobre las que se alza en ejecución del derecho de retracto por 2,3 millones de euros que el Gobierno andaluz ejerció en 2006.
Derecho de retracto
Y es que, «si no se ejerce el derecho de retracto, nadie puede demoler», tal y como advirtió la consejera de Agricultura y Medio Ambiente, Carmen Crespo. Por ello, la Junta ha decidido ejercitar la vía civil para lograr la inscripción en el registro de los terrenos a su nombre. Desde 2016 se han realizado varios intentos que no han dado resultado positivo para proceder por vía administrativa.
La demolición del hotel se estima en al menos 30 millones de euros, el presupuesto de la Junta solo comprende una cantidad mínima, debido a que lo que pretende es que sea la propiedad quién se haga cargo del coste y la rehabilitación del espacio natural. Azata del Sol, tras el anuncio del presidente andaluz Juanma Moreno trasladó su disposición a cumplir el marco legal y resolver el conflicto. «Estamos dispuestos a colaborar con la administración y abiertos a lo que nos quieran plantear que esté dentro del marco legal para resolver el problema», afirmó el presidente de la empresa, José Rodríguez.
La promotora llegó a solicitar casi 100 millones de euros ante la Audiencia Nacional a pagar de forma solidaria entre el Estado, la Junta y el Ayuntamiento por los perjuicios sufridos en la tramitación del fallido proyecto urbanístico. Pero, el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó que no se tenía que pagar ni un euro de responsabilidad patrimonial.
Había un Plan Parcial en base al que se otorgó la licencia
Tres fueron las administraciones que aprobaron una norma urbanística, la publicaron y la promotora inició la construcción del hotel. Había un Plan Parcial en base al que se otorgó la licencia hasta que en 2016 el Alto Tribunal declaró que El Algarrobico y el Canillar, donde también estaba previsto desarrollo residencial, eran zonas ambientalmente protegidas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y por tanto no urbanizables.
Greenpeace espera que el anuncio del presidente andaluz «no quede en un postureo ambiental», que no sea utilizado como «una herramienta de lavado verde» mientras a su juicio destruye leyes ambientales y autoriza hoteles similares como en Los Genoveses, Nerja o El Palmar. La demolición del hotel supondría el cumplimiento de más de dos docenas de pronunciamientos judiciales que señalan que la construcción es ilegal y que no puede regularizarse de modo alguno.
«Tras más de una década de sentencias declarando la ilegalidad del hotel, esperamos que, finalmente, la demolición se lleve a cabo, pero no es suficiente para lavarle la cara a las innumerables malas prácticas de la Junta de Andalucía», trasladaron desde el colectivo conservacionista. Según Greenpeace, la demolición del hotel y desescombro corresponden a la Administración General del Estado y la restauración ambiental a la Junta de Andalucía, tal y como está recogido en el BOE.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han instado ya a la Junta a que convoque la comisión Mixta de Seguimiento prevista en el protocolo firmado en 2011 para la recuperación de la playa de El Algarrobico. Asimismo, solicitan a la administración andaluza la información relativa al expediente de retracto y la situación en que se encuentra la revisión por parte del Ayuntamiento de Carboneras.
«¿Por qué sigue en pie?» Según Greenpeace, el hotel no se ha derribado por «la pasividad de las administraciones responsables que no cumplen sus promesas». Entienden que con voluntad política e interés real el derribo y la restauración del entorno se puede realizar en cualquier momento, estas tareas crearán en torno a 400 puestos de trabajo según un estudio.
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