Fiscalía ratifica que la elección del presidente del Consocio Levante fue ilegal

Dieciocho informes de secretarios e interventores municipales, uno de la Consejería de Administración Pública de la Junta de Andalucía y otro de la Fiscalía ratifican que la elección del presidente del Consorcio de residuos Almanzora-Levante-Vélez se realizó contraviniendo lo que establecen sus estatutos. La existencia de estos informes la han dado a conocer este miércoles el portavoz socialista en la Diputación, Juan Antonio Lorenzo, y el alcalde de Arboleas y candidato a la presidencia del citado organismo, Cristóbal García. Ambos dirigentes han advertido de que el dictamen del Ministerio Público es el primer paso de un proceso judicial que probablemente obligue a repetir la votación.

El caso se remonta al mes de septiembre, cuando el alcalde de Olula del Río, el popular Antonio Martínez Pascual, fue reelegido presidente del Consorcio de residuos Almanzora-Levante-Vélez mediante una votación en la que cada miembro de la asamblea -incluido el representante de la Diputación- emitió un voto, pese a que los estatutos obligaban a ponderar los votos en función de la población de cada municipio. Como resultado de esta «ilegalidad», según denunció el PSOE en su día, Antonio Martínez Pascual se «perpetuó en el cargo» con los votos a favor de los alcaldes del PP y el representante de la institución supramunicipal, en detrimento del otro candidato, Cristóbal García, que contaba con el apoyo del resto de la asamblea.

«El Partido Popular nos invitó entonces a ir a los juzgados y es lo que hemos hecho, poner el tema en manos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital, que se ha hecho cargo del caso y que terminará dictando una sentencia, en la que muy probablemente obligará a la actual junta directiva a repetir la asamblea, respetando esa vez la legalidad, a la vista del informe de la Fiscalía, que no sólo establece que se incumplieron los estatutos, sino que también incide en que se vulneraron derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española», ha advertido Lorenzo.

«Me pregunto si la Diputación, que es la que asesora a los municipios, se va a ver en la vergüenza de llegar al día del juicio y que se declare legalmente que se vulneraron los derechos y que la Diputación colaboró», ha señalado, antes de insistir en que «a la vista de los hechos, la Diputación, el alcalde de Olula del Río y los ilegítimos representantes del Consorcio están tardando en convocar una asamblea y en ajustar a la legalidad la situación que ahora mismo tiene el Consorcio».

Por su parte, el alcalde de Arboleas, Cristóbal García, ha asegurado que, a la vista del informe del fiscal, entiende que, en la reunión de la asamblea, «se produjo un pucherazo al estilo bananero» para impedir que el alcalde de Olula del Río dejara el cargo. «Estamos sorprendidos de que incluso alcaldes jóvenes se metan en estos líos, no entendemos que en el siglo XXI se siga actuando igual que en los años sesenta», ha sentenciado.