El Covid vuelve a parar el juicio del caso Poniente, que lleva once años de retraso

El macrojuicio del caso Poniente, que juzga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de El Ejido , se ha vuelto hoy a suspender ante la ausencia de catorce personas, entre acusados y abogados. Un proceso que tuvo que ser paralizado en marzo de 2020 tras el decreto del estado de alarma.

Once años han pasado ya tras la macrooperación que en octubre de 2009 se llevó a cabo en la que se detuvieron a más de 20 políticos y empresarios . La magistrada Társila Martínez se ha dirigido a la sala para expresar su deseo de que este año pueda celebrarse el juicio finalmente y ha aplazado hasta el 26 de enero las sesiones, para el que ha exigido la comparecencia de todos los acusados y sus abogados.

Nueve de las catorce ausencias se han debido al covid-19, como es el caso del empresario José Antonio Galán . Otros de los motivos argumentados han sido la situación de incomunicación en Madrid por la presencia de nieve, la avería de un vehículo y la obligación de cuidar a familiares enfermos.

La vista oral debía haberse reanudado hoy en el Palacio de Congresos de Roquetas de Mar donde la Junta de Andalucía ha invertido más de 44.000 euros para adaptar el espacio y poder mantener las distancias de seguridad. En la Audiencia Provincial de Almería, donde se inició el proceso, no había ninguna sala para acoger al medio centenar de acusados de la presunta trama y sus defensas.

El ex alcalde de El Ejido, Juan Enciso si se ha presentado esta mañana, no lo ha hecho así el ex interventor municipal José Alemán , ambos se enfrentan a penas que suman los 40 años de cárcel y multas que rondan los 23 millones de euros. Se les atribuye la presunta malversación de caudales públicos, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Púbica, cohecho pasivo y prevaricación continuada.

Junto a ellos, otros de los miembros relevantes de la presunta trama son los empresarios José Amate, José Antonio Galán, Jesús Aragón y Ambrosio Cuevas. Desde 2002 a 2009 habrían detraído de las arcas públicas ejidenses casi 71,5 millones de euros , según el Ministerio Público «orquestaron la creación de una red de sociedades» que se dedicaban a subcontratar con la empresa mixta Elsur con la finalidad de engordar el canon anual y aumentar más sus ingresos.