El autor del crimen machista de Huércal de Almería debería haber estado en prisión

Si la maquinaria judicial y policial estuviera mejor engrasada presumiblemente Antonia A. G., de 33 años y vecina de Huércal de Almería , seguiría con vida. Su expareja, F. S. G. S., de 30 años, quien a primera hora del pasado domingo la degolló , debería haber estado en ese momento interno en la cárcel provincial de El Acebuche cumpliendo la condena de un año de prisión que le fue impuesta por el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Almería por la comisión de un delito de estafa y falsedad documental. El 6 de julio del año pasado el magistrado dictó una orden de búsqueda e ingreso en prisión , después de que la sentencia se hubiera dictado en mayo de 2015.

Como indicaron han precisado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el arrestado pesan ocho condenas judiciales, de las que tres están aún pendientes de ser cumplidas . Al año de reclusión por estafa y falsedad documental, hay que sumar otros tres meses de cárcel y 31 de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de resistencia y contra la seguridad vial y otros 52 días de trabajos sociales por un delito de coacciones leves.

A pesar de estar en búsqueda para entrar en la cárcel, una semana antes del crimen este individuo se personó en las dependencias judiciales para que le fuera notificada otra sentencia, en este caso absolutoria. En materia de violencia machista este joven atesora dos condenas anteriores por amenazas y maltrato a distintas mujeres desde 2007 en adelante, así como por otros delitos contra el patrimonio como robo. En concreto, El Juzgado de lo Penal número 4 de capital lo condenó en 2008 por un delito de robo a un año y siete meses de prisión, mientras que un año antes, el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, le condenó a cuatro meses de prisión por hechos similares.

El detenido por el crimen de Huércal fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería en octubre de 2014 por un delito de maltrato agravado y otros dos de amenazas agravadas en el ámbito de la violencia de género a 240 días de trabajos en beneficio de la comunidad así como a la prohibición de portar cualquier tipo de arma por un periodo de dos años y seis meses. También debía mantenerse alejado de su víctima y no comunicarse con ella por ningún medio durante un periodo de dos años.