Tribunales
Archivan dos nuevas causas contra Gabriel Amat por no apreciarse delitos
El juez estima que las contrataciones por parte del Ayuntamiento de Roquetas se hicieron «conforme a la ley»
Del total de 25 piezas que se conformaron en torno a la conocida como «Trama Amat», un total de 16 ya han sido archivadas a petición del Ministerio Público , salvo una que se encuentra recurrida ante la Audiencia de Almería. El alcalde de Roquetas de Mar y presidente del Partido Popular en la provincia, Gabriel Amat cuenta con otras dos nuevas causas que han sido sobreseídas al considerar el juez «no acreditada la comisión de delitos».
Estos dos nuevos procedimientos, relativos a una sociedad hortofrutícola, vinculada con la familia política del alcalde, y una gestoría inmobiliaria, la justicia ha estimado que la tramitación de las contrataciones por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar se hicieron «conforme a la ley» . En total, se han examinado trece expedientes de licencias urbanísticas determinando que «cumplen con la legislación conforme la entrada en vigor de la ordenación pormenorizada», según un informe de inspección de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
La Fiscalía concluye que no hay indicios de criminalidad y que «no existe motivo para la continuación de la instrucción», ya que no se ha constatado que estas sociedades hayan recibido beneficio o prevalencia. En estas dos causas archivadas, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el fiscal y el juez coinciden en que «pudieron existir infracciones del alcalde del deber de abstención» , sin embargo, esto no originaría más que la nulidad formal de resolución administrativa de infracción de tal deber.
Hace cinco meses, el Juzgado de Instrucción 1 de Roquetas de Mar convino el sobreseimiento de la causa principal contra Amat. La jueza argumentó que no existían indicios de que las 22 sociedades investigadas hubieran recibido beneficio por parte del Ayuntamiento roquetero. La mayor parte de las relaciones de las empresas investigadas se ciñen a actuaciones urbanísticas que fueron aprobadas en plenos municipales.
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