El alcalde de Carboneras defiende la legalidad de todas sus actuaciones tras declarar ante el juez

El alcalde de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo (PSOE), ha defendido «la legalidad de todas las actuaciones del actual gobierno municipal» y ha trasladado «plena confianza en la justicia» frente a los «intentos» del portavoz de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela, de «atentar contra el honor de los empleados públicos».

«Intenta conseguir una posición que la ciudadanía no le dio en las urnas interponiendo una denuncia en relación a sus retribuciones», ha indicado en un comunicado tras declarar en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción 1 de Vera por supuestos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos por el pago de sobresueldos a funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento.

Amérigo ha asegurado que se trasladará «la documentación e información correspondiente» a ese juzgado, para que «constate cómo todas las decisiones se han adoptado cumpliendo la ley , con sus correspondientes expedientes y trámites administrativos, que es justo lo que no hacía el denunciante en su etapa como alcalde».

«Siempre hemos tenido como prioridad dotar la gestión municipal de una seguridad jurídica que no tenía con los anteriores dirigentes municipales», ha afirmado.

Ha destacado además el trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento por Carboneras «por su pueblo, que quiere desprestigiar Cayuela solo por tratar de desgastar al equipo de gobierno » y ha subrayado «el esfuerzo y tiempo dedicado a dotar de seguridad jurídica la gestión municipal desde junio de 2019».

«Con este caso como un ejemplo más, ya que al hacernos cargo del gobierno no se contaba con secretario, interventor y tesorero y se hacían pagos sin fiscalización y sin la figura de tesorero», ha dicho.

Por último, Amérigo ha apuntado que «lo único que mueve» al equipo de gobierno «es trabajar para y por los carboneros, recuperando la legalidad y transparencia ausentes en mandatos anteriores, con Felipe Cayuela como alcalde o concejal de Hacienda, que han terminado con éste investigado judicialmente por pagos a familiares o irregularidades en un contrato de permuta de terrenos municipales».