ALMERÍA
El alcalde de Carboneras declara este viernes por el pago de supuestos sobresueldos
Carboneras Avanza acusa al regidor socialista y al concejal de Hacienda y Personal de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos
El alcalde de Carboneras (Almería), José Luis Amérigo (PSOE) , está citado este viernes ante el Juzgado de Instrucción 1 de Vera para declarar en calidad de investigado en el marco de la causa penal que investiga si hay delito en el abono de «retribuciones complementarias» al sueldo hecho a funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Carboneras.
En sede judicial deberá comparecer, también en calidad de investigado, el concejal de Hacienda , Función Pública y Personal, Ramón Soto. Antes, declarará el denunciante y portavoz del grupo municipal de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela.
La jueza acordó a mediados de diciembre aplazar la declaración como investigados de Amérigo y Soto ya que, el día en el que se debía producir la comparecencia, no se encontraba disponible para su uso la sala de vistas que dispone de sistema de grabación.
Las diligencias previas se incoaron tras la denuncia interpuesta por el portavoz municipal de Carboneras Avanza ante la posible existencia de presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestión por parte del equipo de gobierno socialista.
Funcionarios y personal laboral
Según mantiene la citada denuncia, concejal y alcalde, uno desde el año 2019 y otro desde el año 2020, habrían supuestamente dispuesto «en perjuicio de las arcas municipales y de manera fraudulenta, complementos de productividad en favor de los habilitados nacionales del ayuntamiento y gratificaciones extraordinarias y horas extraordinarias en favor de determinado personal funcionarial y laboral de la Corporación.
Sostiene, en esta línea, que estas cantidades económicas habrían supuesto «una ampliación continuada de las retribuciones mensuales carente de cobertura legal alguna al estar cuantificadas de manera no objetiva y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».
La denuncia que investiga el juzgado señala que el abono era «propuesto» supuestamente por Ramón Soto, mientras que la «ordenación correspondiente para el abono» la habría hecho Amérigo mediante resoluciones «dictadas vulnerando claramente el procedimiento legalmente establecido para ello, sin pertinente cobertura jurídico-legal y sin control alguno».
Precisa, al hilo de esto, que las citadas resoluciones se habrían realizado, además, « sin especificar la retribución del especial rendimiento, la actividad extraordinaria o el interés e iniciativa con el trabajador concreto que desempeña su trabajo».
Añade que, asimismo, que se habrían dictado «sin realizar la apreciación de la productividad en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo», al tiempo que pone el foco de que «su liquidación era fija en su cuantía y periódica en su vencimiento en el caso de los habilitados nacionales, sin justificar en la nómina de cada mes la productividad de cada puesto».
La denuncia hace alusión a las gratificaciones extraordinarias como horas extra tanto para personal funcionarial como laboral , y subraya que también habrían sido «continuamente propuestas para aprobar por el concejal de Hacienda, Función Pública y Personal y ordenadas para abono por el alcalde» tras, supuestamente, la correspondiente solicitud del personal.
«Es evidente que en esas resoluciones mensuales no se ha valorado el trabajo desempeñado por cada uno de los beneficiarios de dicho complemento de productividad de manera individual y palmario que se han adoptado resoluciones de manera genérica para aprobar el abono de dichas productividades», traslada para aportar documentación de esa atribución de «manera igualitaria».
Malversación
La denuncia traslada a la jueza que instruye la causa que el supuesto hecho de que Amérigo y Soto se hubiesen «concertado» presuntamente para «obtener fondos públicos a favor de los tres habilitados nacionales y de determinados funcionarios y personal laboral de la Corporación» encajaría también como supuesto delito de malversación de caudales públicos por causar «grave perjuicio para el interés público y suponer el desembolso de dinero público con ánimo de lucro y para beneficiar a tercero».
«Se han realizado abonos importantes de cantidades económicas, tanto de la productividad como de gratificaciones extraordinarias y horas extra con una ausencia de materialización y de concreción de los resultados de la actividad que se ha remunerado con fondos públicos más allá de una justificación meramente formal de estos pagos», concluye.
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