Unos 9.000 funcionarios de Justicia en Andalucía, llamados a movilizarse por mejoras salariales
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha consensuado con los sindicatos los servicios mínimos para garantizar la prestación de los servicios esenciales
Los Letrados de la Administración de Justicia desconvocan la huelga tras dos meses de parón
Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han iniciado un calendario de movilizaciones en defensa de «una subida salarial digna«, en línea con la aprobada para el colectivo de letrados, y la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone, según señalan, »nuevas condiciones laborales sin previa negociación«.
En un comunicado, CSIF-A ha indicado que el pistoletazo de salida a estas acciones reivindicativas ha tenido lugar este miércoles en Madrid con una concentración de los delegados de Justicia de toda España delante del Ministerio de Justicia.
A las movilizaciones están convocados los 45.000 trabajadores de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio que dirige Pilar Llop. Concretamente, en Andalucía el colectivo llamado a movilizarse está formado por unos 9.000 funcionarios, entre los que se encuentran, por ejemplo, gestores procesales, tramitadores procesales, auxilio judicial o médicos forenses, entre otro personal.
Tras el arranque de las protestas en la capital de España, el lunes 17 de abril comenzará una huelga general en la Administración de Justicia de toda España (juzgados, fiscalías e institutos de medicina legal, entre otras instancias) con paros de 10.00 a 13.00 horas todos los días; y el miércoles 19 de abril se convocará una jornada de huelga general durante toda la jornada, así como una manifestación que partirá del Ministerio de Justicia a las 12.00 horas.
De forma paralela, los sindicatos han iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para pedirles la paralización de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación, y explicarles las razones del conflicto laboral con la Administración de Justicia.
«Más que justificada»
Por su parte, en un comunicado, el sindicato CCOO ha detallado que los convocantes de la huelga basan sus reivindicaciones en el reconocimiento de las funciones que «realmente realiza cada uno de los cuerpos funcionariales. La convocatoria de huelga está más que justificada porque el Gobierno ha tratado como funcionarios de segunda al 93% del personal de la Administración de Justicia que lleva el peso fundamental del trabajo, elevando las retribuciones de solo el 7% restante (el cuerpo de LAJ)«, ha indicado.
Para las organizaciones convocantes «no está reconocida en la actualidad la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de la Administración de Justicia (cuerpos generales, especiales y médicos forenses), ni las funciones reales de los cuerpos generales«.
Reclamaciones del colectivo
Con las movilizaciones y la huelga convocadas los sindicatos exigen la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.
También exigen el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, eliminándose la acumulación en el cuerpo de LAJ de funciones que finalmente realizan y son delegadas a los cuerpos generales sin compensación.
Asimismo, reivindican el incremento del complemento general del puesto, que es el único concepto retributivo de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales (transferidos y no transferidos).
De ese modo, los sindicatos reclaman incrementos retributivos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (personal funcionario del grupo A1, igual que los LAJ); 400 euros para Gestión y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2); 375 euros para Tramitación y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y 350 euros mensuales para Auxilio Judicial (grupo C2).
Por último, los sindicatos reclaman la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el grupo 1 (Madrid y Barcelona)y la publicación antes de que finalice esta legislatura y previa negociación colectiva del real decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de carrera profesional.
Servicios mínimos
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha consensuado con los sindicatos los servicios mínimos para garantizar la prestación de los servicios esenciales durante la huelga que serán publicados este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
El acuerdo ha sido posible gracias a la disposición y colaboración de las organizaciones sindicales para compatibilizar el legítimo derecho a la huelga de los trabajadores con la responsabilidad de seguir ofreciendo el servicio público a los ciudadanos, según ha indicado en nota de prensa la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
La convocatoria planteada por los sindicatos a nivel nacional prevé paros parciales de forma indefinida a partir del 17 de abril y una jornada de huelga general el día 19. Para estos días se han determinado como servicios esenciales a prestar de forma presencial las guardias de los Juzgados, Fiscalías e Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que deberán contar con toda su dotación de personal; las medidas cautelares o provisionales; los juicios orales del orden penal en causas con preso; las actuaciones del Registro Civil; los procedimientos relativos a casos de violencia de género así como para la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.
Para prestar estos servicios, sindicatos y Junta han determinado de mutuo acuerdo el personal necesario en cada tipo de órganos judiciales. Así, en el TSJA prestará servicio una persona del cuerpo de Gestión Procesal o del cuerpo de Tramitación en cada sala.
En las Audiencias Provinciales, habrá un gestor o tramitador en cada Oficina de Registro y Reparto y un funcionario del cuerpo de Auxilio Judicial en las secciones penales. Por su parte, las Fiscalías contarán con un gestor y un tramitador tanto para las capitales como para las Fiscalías de Menores.
Para los Juzgados de Primera Instancia, los de Instrucción, los Mixtos con competencias en Registro Civil y Violencia sobre la Mujer, los Contenciosos, los Sociales y los de Vigilancia Penitenciaria se ha fijado que en cada órgano preste servicios mínimos un gestor procesal o un tramitador, mientras que en los especializados en Violencia sobre la Mujer habrá un funcionario de cada uno de estos dos cuerpos.
En el caso de la Jurisdicción Penal, cada órgano contará con un gestor y un tramitador mientras que habrá un Auxilio Judicial por cada cuatro juzgados. Los Juzgados de Menores y de Paz contarán con una persona en servicios mínimos de cualquiera de los cuerpos.
Para los Registros Civiles exclusivos de Málaga y Sevilla se ha fijado que realicen servicios mínimos un funcionario de Gestión o Tramitación procesal y un Auxilio Judicial.
También en Málaga y Sevilla contarán con un gestor o tramitador para los Decanatos e igual dotación para los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos.
En Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, se ha establecido como servicios mínimos un funcionario del cuerpo de Gestión o Tramitación para el Decanato y Servicios Comunes. También contará con un gestor o tramitador los Servicios Comunes de Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera, Torremolinos y aquellos otros creados con posterioridad a junio de 2002.
Las guardias presenciales serán prestadas por toda la plantilla a la que corresponda de los distintos cuerpos, incluidos los médicos forenses, mientras que las guardias de disponibilidad correrán a cargo de dos funcionarios.
