corrupción
De aquellos polvos de la concertación social, estos lodos de los ERE
El modelo de pactos de la Junta con la CEA, UGT y CC.OO. puso las bases de las ayudas a empresas en crisis y el trato preferente en las ayudas para la formación
Como en aquel pueblo imaginario de «Bienvenido Mr. Marshall», los acuerdos de concertación social que firmaba la Junta de Andalucía con los sindicatos y la patronal siempre eran motivo de celebración. Aquellos pactos tripartitos que instauró el expresidente andaluz Manuel Chaves el 17 de mayo de 1993 abrieron el camino a un largo periodo de estabilidad política que se prolongó desde 1996 a 2009. Los sucesivos gobiernos socialistas se aseguraron el control de los agentes sociales en un momento de gran convulsión laboral debido al desmantelamiento de industrias, a cambio de entregarles cientos de millones de pesetas (posteriormente euros) en ayudas para la promoción del empleo.
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Frenar la sangría del paro , que crecía imparable en la crisis de los noventa, proporcionó a los firmantes de los acuerdos la coartada perfecta para financiar, al margen de los procedimientos reglados, los aparatos burocráticos de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT y Comisiones Obreras . De aquellos polvos, vinieron los lodos que han puesto contra las cuerdas de la Justicia todo el sistema de gobierno de la Autonomía andaluza. La imputación de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricar en la trama de los ERE , no sólo ha terminado de la peor manera con la dilatada carrera política de dos expresidentes honoríficos del PSOE y exmandatarios andaluces, sino que supone una enmienda a veinte años de gestión socialista.
La «red clientelar»
Sobre los cimientos del diálogo social, la Junta construyó una arquitectura clientelar que, a partir de 2009, al hilo del caso Mercasevilla (germen de los ERE), la juez Mercedes Alaya empezó a demoler reuniendo indicios que le condujeron hasta la Presidencia de la Junta, la cúspide de la «pirámide» que ya esbozó en sus primeros autos. Son los mismos centros de decisión donde el juez del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro , ha puesto el listón de las responsabilidades penales.
Los acuerdos de concertación fueron la semilla de todos los escándalos de corrupción que sobrevinieron después y que han dado pie a más de una veintena de frentes judiciales que asedian al Gobierno actual de Susana Díaz: ERE trucados, avales a empresas, Invercaria, fraude de formación , facturas falsas de UGT o el plan para reflotar la Bahía de Cádiz.
En estos programas se recogían ya las subvenciones para la formación y el asesoramiento de desempleados . Aparecen las ayudas reembolsables y los fondos de capital riesgo para insuflar liquidez a empresas en crisis, así como las aportaciones a los agentes económicos para reforzar su papel en los procesos de la negociación colectiva. Ayudas con las que el exdirigente ugetista Manuel Pastrana, imputado por su «participación directa» en la supuesta «financiación ilícita» del sindicato, montó hasta una orquesta sinfónica para tocar en la fiesta del Primero de Mayo, o con las que convidó a una mariscada de 2.047 euros a delegados sindicales en 2009. La factura de la comida se justificó como una actividad ligada al VII Acuerdo de Concertación Social.
Conflictos laborales
La implantación en el año 2000 del sistema «arbitrario» de los ERE se inspira en esta línea de acción política . En la exposición razonada donde desgrana los indicios de delito contra Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera , Jorge Barreiro recuerda que, para amortiguar la crisis, «el Gobierno autonómico, siguiendo una línea política de concertación social que se había marcado en diferentes decisiones gubernativas y parlamentarias, acordó intensificar el régimen de ayudas a las empresas y trabajadores».
Con el objetivo de aplacar de forma rápida los conflictos laborales en las empresas que dejaron a centenares de trabajadores en la calle, la Consejería de Empleo decidió financiar prejubilaciones a través de un órgano externo de la Administración, la agencia IDEA. El procedimiento, que Barreiro considera ilegal, implicaba ocultar el destino final de las ayudas a los interventores . La falta de control permitió la creación de una trama de la que sacaron tajada empresarios, altos cargos, afines al partido, bufetes de abogados, comisionistas y sindicatos.
Los pactos laborales institucionalizaron el acceso preferente de los sindicatos y la CEA a subvenciones nominativas para impartir cursos. La juez que investigaba el fraude masivo de la formación hasta el pasado 16 de junio, Mercedes Alaya , sostiene que la Junta tejió una «red de clientelismo político» para «favorecer» a empresas y entidades en torno al negocio de la formación. Los sucesivos consejeros de Empleo, imputados en la causa, eximían a éstas de justificar ayudas «con el decidido propósito de no quebrar el clima de satisfacción de las entidades beneficiarias, entre las que se incluían organizaciones sindicales, la CEA, miembros a su vez del consejo de administración del Servicio Andaluz de Empleo», advierte.
En términos políticos, los siete acuerdos firmados hasta 2009 han sido un éxito: reportaron al PSOE más de tres décadas de hegemonía incontestable. No es casual que el primero de los pactos se rubricara a tres semanas de las elecciones generales de 1993. Desde el punto de vista económico, en cambio, las estadísticas cuestionan su utilidad : la tasa de paro ha pasado del 27% en el tercer trimestre de 2009 al 33,6% actual, diez puntos por encima del registro nacional.
La fiesta de la concertación pronto se transformó en decepción. Como aquella comitiva de americanos de la película de Luis Berlanga, los fondos de los acuerdos tripartitos pasaron de largo por Andalucía dejando un rastro de sombras en la gestión, mientras 1.006.591 andaluces siguen condenados a la cola del paro .
