CASO ERE
Un triunfo con matices de Alaya
El Tribunal Supremo asume la tesis de la juez de que la cúpula de la Junta creó un sistema ilegal de reparto del dinero, pero rebaja la malversación de caudales
Mercedes Alaya no se equivocó . Este pasado jueves se cayó con todo el equipo la teoría exculpatoria de los « tres o cuatro golfos » en una causa con 272 imputados que ya ha dejado pequeña la macrocausa del caso Malaya . También se tambaleó la tesis oficial de la Junta de Andalucía de que la partida 31L era un fondo legal porque figuraba en los anexos de las Leyes de Presupuestos que aprobaba el Parlamento andaluz año tras año.
No cuela tampoco el intento de endosar todas las culpas a Francisco Javier Guerrero , el exdirector de Trabajo (1999/2008) que daba las ayudas sin tener competencias y al interventor de la Junta que denunció que el procedimiento violentaba las leyes administrativas más elementales. En ellos puso el listón de responsabilidades el dictamen que salió de la comisión de investigación de los ERE que no se aprobó finalmente por irrisorio.
La teoría de la juez es desde este pasado jueves, en parte, la teoría del Tribunal Supremo . Con una salvedad importante: el instructor Alberto Jorge Barreiro cree que José Antonio Griñán , Manuel Chaves y Gaspar Zarrías prevaricaron al crear un procedimiento ilegal, pero no avala la supuesta malversación de fondos públicos, salvo en el caso del exconsejero de Empleo José Antonio Viera . Si son enjuiciados y condenados por prevaricación, los tres primeros no irían a la cárcel. Sólo serían inhabilitados para ejercer cargo público.
Alaya acusó al gobierno autonómico de confabularse para crear un sistema ilegal con el exclusivo propósito de repartir dinero público a cambio de votos burlando los controles de la Intervención . Todos los pasos que ha ido dando en este laberinto judicial que inició en febrero de 2011 han estado encaminados a confirmar lo que consideraba evidente: que la antigua cúpula de la Junta creó, mantuvo y «cebó» con fondos públicos una red de clientelismo político que ha facilitado al socialismo andaluz más de tres décadas de hegemonía sin sobresaltos. Tras conseguir una plaza en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla (la misma que tiene que decidir sobre el despiece del caso ERE), Alaya aspira a concluir la instrucción mediante una comisión de servicios.
Todo comenzó con la famosa grabación de dos directivos de Mercasevilla que exigían comisiones ilegales a dos empresarios a cambio de una subvención autonómica para montar cursos de formación. Días después de que ABC desvelara su existencia, José Luis Rodríguez Zapatero forzó la dimisión de Manuel Chaves .
El caso Mercasevilla condujo, casi por casualidad, a la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla -y desde el pasado miércoles magistrada de la Audiencia de Sevilla- a los primeros intrusos empotrados en un ERE de la lonja hispalense financiado por la Administración regional y al conseguidor de las ayudas por antonomasia, Juan Lanzas. Tirando de este cabo, desmontó una trama que ha puesto contra las cuerdas de la Justicia al viejo régimen andaluz.
Una carrera de obstáculos
Cinco años tardó en escudriñar la alquimia de la corrupción que ha puesto en la antesala del banquillo al mayor monopolio de poder autonómico de España. La Junta de Andalucía nunca se lo puso fácil. No ha cejado de ponerle zancadillas para intentar apartarla de la instrucción. En los orígenes del caso Mercasevilla , el PSOE instó a la juez a inhibirse alegando que su marido auditó a la empresa municipal durante siete años. La recusación no prosperó. Alaya siguió en solitario con su hoja de ruta consciente de que sus autos podían hacer temblar los escalones más poderosos del Ejecutivo.
Los ataques se recrudecieron a partir de 2011, cuando halló un « fondo de reptiles » dotado con 855 millones de euros que sirvió durante diez años para pagar prejubilaciones a personas que jamás habían pisado la empresa y comisiones muy por encima de los márgenes del mercado a sindicatos, conseguidores y bufetes de abogados. El culmen de esta guerra sucia llegó cuando Alfonso Guerra dejó caer que había una «relación fuerte personal» entre Alaya y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido , juez en excedencia.
La Junta aireó las flaquezas de la juez, que también las tiene, empezando por la lentitud de la instrucción. El PSOE y las defensas se encargaron de amplificar las demoras injustificadas de declaraciones, los interrogatorios «inquisitoriales» , la imputación selectiva de políticos dependiendo de si estaban o no aforados. Griñán insinuó que redactaba sus autos al dictado del PP. Todas estas acusaciones planeaban cada mañana sobre Alaya cuando entraba en los juzgados arrastrando su inseparable «trolley».
De las palabras luego pasaron a los hechos. El Gobierno andaluz, más preocupado en trazar un cortafuegos institucional para limitar los daños, planteó un conflicto de jurisdicción ante el Supremo (que perdió) para no entregarle las 480 actas de los Consejos de Gobierno. La Guardia Civil también denunció que «se sacó documentación comprometida» para la investigación.
Seísmo en el «nuevo tiempo»
En agosto de 2013, catorce meses después de revalidar el mando gracias a un pacto con IU, José Antonio Griñán cambia el sillón presidencial por un escaño en el Senado que le garantiza su aforamiento. Se libra de la primera imputación de un presidente en activo y del ingrato paseíllo judicial ante Alaya. Por los pelos. Justo cuando los consejeros de Susana Díaz prometían sus cargos en el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, Alaya abrió un procedimiento contra los expresidentes y cinco exconsejeros, diputados nacionales y autonómicos con protección parlamentaria. Díaz creó un cordón sanitario para frenar la propagación del incendio durante la campaña de las elecciones autonómicas. En el último Pleno de la legislatura, blindó a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo , Francisco Vallejo y Antonio Ávila (Manuel Recio ya estaba) en la Diputación Permanente del Parlamento.
El relevo de Alaya en el juzgado deja abiertos muchos interrogantes, todos inquietantes. Díaz llamó por teléfono al presidente del Poder Judicial , Carlos Lesmes, para interesarse por la decisión que iba a tomar en torno a la continuidad o no de la magistrada. Entre tanto, María Núñez Bolaños, casada con el médico forense Julio Guija, amigo del consejero de Justicia, Emilio de Llera, recala en el juzgado de los ERE por su antigüedad como jueza de familia tras llegar a la pugna apurando el plazo.
Como si un círculo perfecto se cerrara, la imputación definitiva de los antiguos responsables de la Junta coincide con la despedida de la juez como titular del juzgado. A falta de medallas, le queda esa satisfacción personal: Alaya no se equivocó . Ni la pirámide corrupta era una fabulación suya. Lo ha dicho alto y claro el Supremo.
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