Investigan contratos fantasma de la Junta a amigos de Guerrero durante siete años

La juez de instrucción número 10 de Sevilla ha citado este martes a declarar a los exdirectores de Trabajo, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, ambos imputados en el caso ERE en relaclón con una trama de facturación de contratos fantasma durante al menos siete años. Se investiga si una empresa facturó entre 2003 y 2010 a la Junta por unos trabajos que no se realizaron por unos supuestos trabajadores que eran personal de confianza de Guerrero y que, de hecho, trabajaban en la Consejería de Empleo.

Según han informado fuentes judiciales, ni Guerrero ni Márquez, que estaban imputados de varios delitos de prevaricación, malversación, falsedad y tráfico de influencias, han acudido a la cita alegando problemas de agenda de sus letrados en esta investigación que se inició tras una denuncia de la Junta de Andalucía presentada ante el juzgado de instrucción número 6 que Alaya envío a reparto y recayó en instrucción 10.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de Mercedes Alaya en el año 2012 cuando la empresa Umax, dedicada a la informática, presentó una reclamación a la Junta de Andalucía de 1,5 millones de euros porque no le habían pagado las facturas para hacer frente a las nóminas de los trabajadores. Tras esa reclamación el Ejecutivo andaluz comprobó que parte de los trabajadores de esa empresa eran personal laboral de la propia Junta de Andalucía que había sido contratado por e propio Guerrero entre su grupo de confianza.

De hecho entre esos trabajadores se encontraba Rocío Sayago (una de las secretarias de Guerrero imputada en el Caso ERE) o el hermano de Antonio Albarracin (otro de los imputados en la trama). También figura entre ese personal otra de las imputadas en la trama de las ayudas a la Sierra Norte . E incluso se pudo comprobar que se trabaja de personal que trabajaba en la sede de Empleo en otras provincias como en Almería.

Tras tener conocimiento de esos hechos la Junta de Andalucía presentó una denuncia en el juzgado que entonces regentaba Mercedes Alaya . Sin embargo ésta consideró que los hechos no estaban relacionados con las diligencias de los ERE y, tras enviarla a reparto, fue a parar a manos de la juez Pilar Ordoñez que ha realizado una investigación que apunta a que los trabajadores de esa empresa se quedaban con el 20 por ciento de lo que facturaban a la Junta . Ademas, según fuentes judiciales, no se ha podido acreditar que esos trabajos fueran finalmente realizados.