Alaya investiga las cuentas de CEA y CC.OO. por el fraude de la formación

La juez que investiga el fraude de la formación , Mercedes Alaya , ha puesto bajo su lupa a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y a la federación regional Comisiones Obreras . A través de un auto fechado el pasado 23 de abril, al que ha tenido acceso ABC, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla requiere al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que «en el plazo de cinco días» identifique las cuentas bancarias vinculadas a ambas organizaciones «en las que se ha hecho efectivo el pago de subvenciones en materia de Formación Profesional para el Empleo».

La magistrada ordena al organismo dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo que identifique los pagos «relacionándolos con sus correspondientes expedientes» . Tras investigar las ayudas a UGT-A, extiende sus pesquisas a todas las cuentas bancarias de la patronal y CC.OO.-A para determinar la comisión de delitos de malversación de fondos, prevaricación y contra la Hacienda Pública. Con ello, trata de aclarar si existió un entramado de empresas especializadas en la organización de cursos dentro de ambas organizaciones para apropiarse de fondos públicos.

Alaya abre así una nueva línea de investigación atendiendo a una petición del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en un oficio remitido a su juzgado el pasado 21 de abril solicitaba indagar en las cuentas de la patronal y CC.OO., dado que las subvenciones otorgadas a los llamados agentes sociales «fueron excluidas del régimen general de concesión de subvenciones, que es el de concurrencia competitiva, para otorgarse mediante concurrencia no competitiva», es decir, de forma discrecional. Los agentes recuerdan que tanto la CEA como CC.OO.-A «no habían justificado adecuadamente las subvenciones recibidas», según corroboró el jefe del departamento de Gestión de la Dirección Provincial del SAE de Sevilla.

La juez pone bajo sospecha los acuerdos de concertación que desde el año 1993 ha venido firmando el Gobierno andaluz para garantizar la paz social de la comunidad a cambio de entregar cientos de millones a los agentes sociales para impartir cursos de formación y desarrollar acciones destinadas a frenar la sangría laboral. El último pacto suscrito en noviembre de 2009 por la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras movilizó una inversión de 19.825 millones de euros.

En un informe que fiscalizaba las ayudas de formación en 2009 y 2010, la Cámara de Cuentas de Andalucía alertó del descontrol en el reparto y comprobación de los fondos y puso de manifiesto que los principales perceptores de subvenciones fueron la CEA (83 millones), CC.OO (63), UGT (63,5) y la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (66,3).