corrupción
Los informes contra el sistema de los ERE que desoyeron Chaves y Griñán
El interventor avisó hasta quince veces de irregularidades en las ayudas
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han establecido un cortafuegos para alejar el fraude de los ERE del núcleo de sus responsabilidades penales y políticas . Su defensa judicial en sus declaraciones como imputados ante el instructor del Tribunal Supremo gira en torno a una premisa mayor de la cual pende todo su argumentario: nunca conocieron las irregularidades porque ni conocieron ni leyeron los sucesivos informes que el interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, Manuel Gómez , remitió al Gobierno andaluz en los que cuestionaba el mecanismo de pago de las ayudas. La juez Mercedes Alaya sostiene que el uso de las transferencias de financiación permitió el reparto arbitrario de 855 millones de euros entre personas próximas a la Junta y al PSOE durante doce años. En la cúspide del fraude sitúa a la cúpula de la Junta entre 2000 y 2011.
El jefe del órgano fiscalizador considera «inverosímil» que especialmente Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, no estuviera al tanto de sus advertencias . El sindicato Manos Limpias ha solicitado la comparecencia de Gómez en el Supremo para «desmontar las falsas declaraciones en sede judicial de José Antonio Viera, Chaves y Griñán ». El instructor Alberto Jorge Barreiro lo estudiará y tendrá la última palabra, según informaron desde el Tribunal.
ABC rescata del sumario del caso los informes que nadie quiso ver y que pudieron haber evitado el fraude en el caso de que alguno de sus destinatarios los hubiesen leído con atención.
¿De qué alertaba el interventor en sus informes?
El órgano fiscalizador comunicó a Griñán y a otros miembros del Gobierno presidido por Manuel Chaves que se había diseñado un procedimiento de gestión de los ERE que entrañaba graves riesgos al escapar a los controles a los que están sometidos los gastos realizados por las distintas consejerías. Empleo utilizó a una agencia externa, IDEA (antiguo IFA), para canalizar los pagos de las ayudas.
¿Cuántas veces advirtió de las irregularidades?
Cada año el interventor realizó tres auditorías sobre IDEA. Al menos en quince momentos, con ocasión de diferentes informes desde 2001 a 2009, apreció irregularidades en los convenios firmados por Empleo y la agencia para pagar ayudas.
¿Quiénes los recibieron?
Cada documento iba encabezado con un oficio que rezaba «para que se dé traslado al consejero de Economía». Los recibieron también los consejeros de Empleo y de Innovación , así como el director de IDEA.
¿Qué decían los informes?
El auditor detectó cuatro tipos de irregularidades. En primer lugar, señaló que Empleo estaba haciendo un uso inadecuado de las transferencias de financiación. La Consejería de Hacienda no enmendó este error hasta 2014. En segundo lugar, avisa de que el sistema impedía que las ayudas fueran fiscalizadas. En tercer lugar, alertó de que la concesión de ayudas prescindía «de forma total y absoluta del procedimiento establecido». Es decir, la Junta no realizaba una convocatoria pública, lo que provocó que las empresas de una única comarca, la Sierra Norte de Sevilla, recibieran 56,4 millones de euros en ayudas directas frente a los 85 repartidos en toda Andalucía. Las irregularidades llegaron a ser tan graves que en una auditoría notificada a Griñán en 2005, el interventor avisó de que todas las subvenciones podían ser nulas de pleno derecho. Por último, el talante rumboso del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero al repartir dinero puso en peligro la propia estabilidad presupuestaria de la Junta. Griñán actuó ampliando hasta en siete ocasiones la partida de los ERE.
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