La doble vara de medir del PSOE: blando con Chaves y Griñán e implacable con Tomás Gómez

Díaz y Sánchez preservan en sus escaños a los expresidentes de la Junta pese a su responsabilidad política en los ERE

La doble vara de medir del PSOE: blando con Chaves y Griñán e implacable con Tomás Gómez abc

antonio R. vega

Martes 17 de febrero . Falta n 33 días para las elecciones más inciertas de la Autonomía. El juez instructor del caso ERE , Alberto Jorge Barreiro , llama a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los exconsejeros de la Junta Gaspar Zarrías , Mar Moreno y José Antonio Viera , a declarar en el Tribunal Supremo . Los dos últimos presidentes federales del PSOE pasan a estar oficialmente imputados en la mayor trama de corrupción institucional conocida en España, un «gran fraude» —expresión acuñada por Griñán— que habría despojado a los desempleados de 855 millones de euros en la región con más paro de España.

El obús del Supremo siembra el desconcierto en las filas socialistas. Susana Díaz , quien había enarbolado la bandera de la regeneración, cae presa de sus propias palabras . «Cualquier persona que resulte imputada, cualquiera, va a tener que dejar su escaño », declaró el 6 de noviembre.

Tanto la presidenta de la Junta en funciones como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , elevaron el listón de exigencias hasta el momento de la imputación. Pero cuando tocó aplicar la gestualidad a los hechos, a los dirigentes socialistas, que mantienen una enemistad cada vez menos soterrada, les tembló el pulso . No podían aniquilar por las bravas a dos figuras icónicas sobre las que se sostenía la razón de ser del último santuario socialista. Significaría tanto como enmendar un cuarto de siglo de gestión política en Andalucía.

Díaz y Sánchez preservan a Chaves y Griñán en sus escaños

Había que improvisar una estrategia que disimulara el tosco ejercicio de contorsionismo político . El vistoso traje para vestir el muñeco apareció a las pocas horas vía internet. A través de los móviles y correos electrónicos de todos los cargos socialistas, desde Ferraz hasta la remota sede de Pulpí , en Almería, empezó a circular un «argumentario» hecho a la medida de unas circunstancias tan especiales.

La consigna era clara : «Sólo en el momento en el que se les imputase la comisión de algún delito tendrían que entregar el acta de diputado».Un miramiento que Sánchez no tuvo con Tomás Gómez , a quien había apartado cinco días antes de la cúpula de la Federación Socialista Madrileña porque estaban siendo investigadas las obras del tranvía de Parla , ciudad madrileña donde Gómez fue alcalde.

La hemeroteca está plagada de ejemplos. Cuando saltó el caso ERE , Griñán apuntó con su pulgar hacia abajo para condenar al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero sin haber sido aún imputado. Una carta de felicitación enviada a sus funcionarios por el reciente éxito electoral del PSOE le va a costar también el cargo a la delegada de Cultura en Córdoba.

Cuando le tocó el turno a los expresidentes , la imputación se convirtió automáticamente en un concepto «discutido y discutible». Como lo era la crisis cuando ya era una evidencia, para José Luis Rodríguez Zapatero . La presidenta adelantó las elecciones no sin antes dejar blindados en el último pleno del Parlamento a otros tres exconsejeros aforados para asegurarse una campaña sin sobresaltos ni autos bomba de la juez Mercedes Alaya . Pero la inverosímil pirueta coló. Vaya si coló. La corrupción salió impune del juicio de las urnas . Díaz logró legitimarse con una holgada victoria, pero la sólida red de protección que ha brindado a Griñán y Chaves, avalando su aforamiento en el Senado y el Congreso, cada día soporta una carga más pesada.

Un ciclo inestable

Desde el 23 de marzo , la política andaluza vive encerrada en un bucle que compromete la estabilidad de la Comunidad, la ansiada calma que ella había invocado para romper con IU. Necesita apoyos para asegurar su supervivencia política. De momento no los tiene.

Podemos y Ciudadanos han puesto como condición inexcusable que dejen sus escaños. Porque están imputados, aunque sea bajo una acusación genérica de prevaricación y malversación de fondos públicos. Y porque, con independencia del devenir procesal, el saqueo se produjo bajo su responsabilidad política. Ambos se sentaron en la mesa que tomaba las decisiones y aprobaba los presupuestos que contenían la polémica partida 31L , un fondo opaco para repartir dinero público con total arbitrariedad a espaldas de los rigurosos mecanismos de fiscalización.

Los argumentos han ido cambiando a medida que engordaban los tomos del sumario. La «teoría de los cuatro golfos» que enunciaron Chaves y Moreno cuando saltaron las primeras tapaderas de las alcantarillas pasó a la historia, superada por las pesquisas judiciales y por los 264 imputados.

En su comparecencia de prensa tras presentar la dimisión en agosto de 2013 , Griñán esgrimió tres razones para irse: motivos personales, un relevo generacional y su deseo de «preservar a la Junta de la erosión del caso de los ERE ». Jamás reconoció que su marcha implicara asunción alguna de responsabilidades. En su declaración ante el juez el pasado jueves (el martes declarará Chaves ) cambió de discurso. Asumió que el «gran fraude» de los ERE tuvo una «responsabilidad política» que él depuró dimitiendo. Sin embargo, ese mismo rasero no se lo aplica a sí mismo para renunciar a su acta como senador socialista en representación de la Comunidad, consciente de que su fuero en la Cámara es un salvocodunto para no declarar ante Alaya.

El código ético del PSOE le obliga a pedir el acta a los cargos cuando se les abre «juicio oral» , un horizonte procesal aún lejano para los expresidentes. Pero el reglamento es tan elástico y tornadizo como el concepto mismo de imputación. Depende de la oportunidad. Pero, sobre todo, depende del pedigrí del imputado .

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