Mercedes Alaya confirma la imputación por cohecho de Antonio Fernández
El exconsejero jerezano, señalado en el caso ERE y en los cursos de formación, obtuvo un presunto enriquecimiento ilícito
Actualizado:La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha confirmado la imputación por un presunto delito continuado de cohecho del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, aunque ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que amplíe el informe patrimonial realizado sobre el imputado y su entorno familiar a fin de "dar adecuada respuesta a los interrogantes" planteados por el mismo.
En un auto, la instructora rechaza de este modo el recurso que interpuso la defensa del exconsejero, que pidió a la magistrada que "alzara" su imputación, suspendiera su citación del pasado día 3 de marzo y reclamara a los autores del informe "cuantos elementos documentales han empleado para la elaboración del mismo", citándolos en calidad de testigos "a fin de que la defensa pueda someterlos a oportuno interrogatorio".
La juez Alaya argumenta que, "del contenido del atestado de la Guardia Civil, resulta con claridad sin necesidad de mayores argumentaciones, y sin perjuicio de los detalles que en su caso puedan ser concretados, un presunto enriquecimiento ilícito que podría ser constitutivo de delito de cohecho o blanqueo de capitales".
A juicio de la magistrada, esta "hipótesis" criminal "puede explicar razonablemente que Antonio Fernández, con su sueldo de consejero, adquiriera en el año 2008 cuatro inmuebles, dos para él y dos para su hijo, carente de ingresos para efectuar dicha compra".
El exconsejero "adquirió durante el tiempo que desempeñó sus cargos como viceconsejero y consejero de Empleo seis inmuebles –cuatro viviendas y dos garajes con trastero–, comprados en el transcurso de siete años, adquiriendo en este último año cuatro de los inmuebles reflejados, dos suyos y dos para su hijo".
Todo ello "ascendiendo a 602.806,72 euros la suma del dinero percibido" por el imputado y sus hijos, "de origen desconocido, a través del abono en cuentas bancarias o utilizado para la compra de inmuebles, siendo así que Antonio Fernández habría sido autorizado o cotitular de algunas de las cuentas de sus hijos".
Ampliar el informe
No obstante lo anterior, "para dar adecuada respuesta a los interrogantes que plantea sobre los mimbres utilizados por la Guardia Civil para dicho informe patrimonial» y «en aras de la máxima transparencia", la juez pide a la UCO que elabore un informe ampliatorio.
La juez acuerda que, en este informe ampliatorio, también "se incorpore toda la documentación que haya servido de base al informe policial patrimonial".
Respecto de la declaración del imputado prevista para el pasado 3 de marzo, Alaya recuerda que fue suspendida "por otros motivos, no existiendo inconveniente alguno en demorar dicha declaración hasta que no se realice el citado informe ampliatorio".
El exconsejero recurrió el auto donde la juez amplió su imputación al considerar que es una decisión "errónea" e "injusta" y basada en una "pura y gratuita sospecha" que Mercedes Alaya ha adoptado por "puro seguidismo" respecto al informe en el que la UCO analiza la situación patrimonial del exconsejero y de su entorno familiar.
La defensa asevera que la juez "justifica la muy grave decisión que adopta sobre la base de prestar plena credibilidad al informe policial", cuyas "carencias no solo metodológicas saltan a la vista".