Pasan a disposición judicial cuatro de los dieciséis detenidos en la operación Barrado

La juez Mercedes Alaya comenzó en la noche de este martes los interrogatorios de ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía, todas ellas mujeres , de los 16 detenidos por la Guardia Civil en la Operación Barrado dentro de la investigación sobre los cursos de formación que dirige la juez de instrucción número seis de Sevilla.

La primera en comparecer fue María José Lara , ex directora general de Formación y exconcejal en Lucena, que se acogió a su derecho y no declaró. Posteriormente compareció a las 23.45 horas otra de las detenidas, Francisca Pérez , ex delegada de Empleo en Almería.

Igualmente compareció anoche la exdelegada de Empleo en Jaén, Irene Sabalete , que llegó al juzgado acompañada de dos agentes de la UCO de la Guardia Civil. Se trata de la ex alto cargo que les dijo a los directores y trabajadores de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) que podrían perder su trabajo si Griñán no ganaba las elecciones autonómicas en 2012, según una grabación que se difundió ayer. Sabalete, que no iba esposada, entró y saludó a la prensa aunque no hizo declaraciones .

También iba a ser interrogada Teresa Florido , ex directora general de Formación y cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, uno de los imputados en el sumario de la formación y que fue detenido el pasado agosto. Y también Aurora Cosano , delegada de Empleo cesada horas antes, Marina Martín , exdelegada en Granada. También las gerentes de CIO Mijas y Formade.

Las imputadas llegaron hacia las ocho de la tarde a los juzgados procedentes del cuartel de Eritaña de la Guardia Civil al que fueron conducidas tras ser detenidas. Las declaraciones se retrasaron porque la juez estuvo durante más de dos horas estudiando el atestado con la información de la Guardia Civil. Todas están imputadas de prevaricación, malversación y fraude en las subvenciones se negaron a declarar. Al cierre de esta edición la magistrada seguía interrogando sin que trascendiera si la Fiscalía Anticorrupción solicitó medidas cautelares .